Por: Nancy Cárdenas
Una generación familiar abarca de 20 a 30 años. Es decir, desde que nace una persona hasta que se convierte en adulta y comienza a tener hijos. En ese lapso se conforma un grupo de edad con características sociales y culturales comunes, que experimentará las consecuencias de su contexto político y de los fenómenos naturales cada vez más frecuentes.
Así también, la Ciudad de México vive su propio ciclo generacional cuando el gobierno en turno diseña el Plan General de Desarrollo para los siguientes veinte años, documento mediante el cual se orientarán las políticas públicas del gobierno central y de las alcaldías hacia la visión de ciudad que necesitamos y queremos para las próximas dos décadas. Se entiende que este plan considera los retos demográficos, la escasa reserva territorial —tanto para infraestructura pública como para vivienda de interés social y privada—, la generación de riqueza a través del trabajo digno y de la inversión de empresas socialmente responsables, y además, algo muy importante: afrontar el rezago educativo agravado por la pandemia de COVID-19.
Del contenido total del PGD, hoy quiero detenerme solo en el apartado XIII, titulado “Regenerativa del Suelo de Conservación”, donde se reconoce a este territorio como el corazón ambiental y cultural de la Ciudad de México. Me parece que no hay mucho de novedoso en las intenciones del gobierno hacia esta superficie, que representa el 59% del territorio de la ciudad y corresponde en su mayoría a las alcaldías con pueblos y barrios originarios. Se plantea la protección de bosques, barrancas y humedales; el control del avance de la mancha urbana y el ordenamiento de los asentamientos humanos irregulares, poniendo en el centro de la gestión a los habitantes de la zona.
Hasta aquí, lo de siempre. Tal vez lo que realmente quisiéramos saber los ciudadanos es si, ante las evidencias del mal estado de la infraestructura urbana, del colapso de las redes de drenaje y agua potable, y del hundimiento progresivo de la ciudad, ahora sí las autoridades cumplirán con lo que avalan en el papel y no solo en el ejercicio discursivo de su responsabilidad administrativa.
Mientras tanto, la consulta pública —donde los pueblos originarios pueden opinar, modificar y adicionar propuestas al PGD— se realizará del 3 de noviembre al 10 de enero de 2026. Aún está por darse a conocer los recintos donde se llevarán a cabo las reuniones deliberativas. Hay que estar pendientes y participar.
Concilio.
Las lluvias torrenciales que azotaron los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo nos recordaron la necesidad de contar con infraestructura adecuada ante los retos climáticos. Para ello, también se requiere de gobernantes y funcionarios públicos altamente capacitados, capaces de garantizar el cuidado de la vida y del patrimonio de los gobernados. Cosa que, lamentablemente, no se vio en estos sucesos.
Lo que sí se vio —y se sigue viendo, amplificado— fue la inmoralidad política de las autoridades, echándose la culpa unas a otras por la tragedia e incluso, como Pilatos, lavándose las manos y culpando a la furia de la naturaleza
