Los juzgados deben contar con un sistema informático que evite la pérdida de expedientes. Este mecanismo podría establecerse como una política de justicia abierta efectiva, afirmó Adrián Alcalá Méndez, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“La era digital nos ofrece oportunidades sin precedentes para mejorar la confianza en las instituciones, pero también para modernizar y estar a la vanguardia en los procesos burocráticos”, dijo.
Uno de los problemas que podrían solucionarse con acciones de justicia abierta es la dificultad para ubicar los expedientes de los procesos judiciales, señaló Alcalá Méndez al participar en el Primer Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA).
Alcalá Méndez comentó que la gente desconoce el funcionamiento de las instituciones que imparten justicia y que es importante que juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros estén en constante cercanía con la sociedad. Ello se puede lograr con políticas de justicia abierta, agregó.
La justicia abierta considera cuatro principios fundamentales: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación y colaboración social.
En el panel también participaron Laurence Pantin, Directora General de la Fundación para la Justicia; Alejandro González Arreola, Director en World Justice Project; Carlos Jiménez Guzmán, representante del National Center for State Courts, y Peter Sharp, consultor en el tema de Justicia Abierta.
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