>> La crisis de desapariciones en México requiere atención efectiva del Estado
>> Es urgente fortalecer y garantizar la autonomía de las Comisiones Gubernamentales de búsqueda y atención a víctimas. Sus cifras deben ser la base para diseñar la política pública y la legislación en esta materia
Los recientes hallazgos de desaparecidos en diversas regiones del país son una evidencia dolorosa de la falta de resultados en el combate a estos crímenes.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), consideramos que las familias de las víctimas continúan enfrentando la indiferencia y la ineficacia institucional, mientras la impunidad permite que estos ilícitos sigan ocurriendo. No podemos permitir que la desaparición forzada se convierta en una tragedia normalizada.
Nos solidarizamos con los colectivos de búsqueda y con cada madre, padre y familiar que lucha por conocer la verdad y obtener justicia. Su esfuerzo y valentía han suplido, en muchas ocasiones, la omisión de las autoridades. Es inaceptable que sea la ciudadanía quien descubra evidencias que deberían haber sido identificadas por las instancias de investigación.
Es imperativo que los tres niveles de gobierno asuman su responsabilidad. Requerimos estrategias coordinadas, investigaciones exhaustivas y acciones concretas para erradicar la desaparición forzada en México. No bastan los discursos ni las promesas: se necesitan resultados tangibles. La creación de mecanismos de búsqueda más eficaces, el fortalecimiento de las fiscalías y la autonomía real de las comisiones encargadas del tema son medidas urgentes e inaplazables.
Desde COPARMEX hemos insistido en la urgencia de garantizar seguridad, justicia y paz en el país. La violencia y la impunidad no solo atentan contra la dignidad de las personas; también afectan la estabilidad social y el desarrollo económico. Un país donde miles de familias viven con la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos no puede aspirar a un futuro de prosperidad y bienestar.
Demandamos a los poderes de la Unión y a las autoridades que asuman su responsabilidad: que destinen mayores recursos a las dependencias encargadas de la seguridad y procuración de justicia, que se fortalezcan las políticas públicas que atienden la desaparición forzada y que se legisle en todo México para que la seguridad y la paz sean una realidad en nuestro país. No es aceptable que la falta de presupuesto siga siendo una excusa para la inacción. Invertir en la resolución de este problema no es una opción, es una obligación. La sociedad demanda resultados, y estaremos atentos a la eficacia de las medidas anunciadas para garantizar que no queden en simples declaraciones.
Estamos dispuestos a trabajar de la mano con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y todos los sectores comprometidos con la construcción de un México donde la seguridad, la justicia y la paz sean una realidad. No claudicaremos en la exigencia de soluciones. La memoria de las víctimas y el derecho de sus familias a la verdad, obligan a actuar con firmeza y determinación.
