Impulsa Leticia Barrera incluir comunidades agrarias en sector social de la economía

>> Propuso una iniciativa que busca reformar el artículo 4° de la Ley de Economía Social y Solidaria para incorporarlas por su carácter histórico, cultural y social

>> Plantea que las comunidades agrarias se consideren un instrumento de organización social

Para fortalecer el reconocimiento legal de las comunidades agrarias dentro del marco de la economía social, la diputada federal Leticia Barrera Maldonado presentó una iniciativa para reformar la fracción I del artículo 4° de la Ley de Economía Social y Solidaria.

Destacó que, si bien el texto vigente menciona a los ejidos como forma de organización social, es necesario distinguir e incluir a las comunidades agrarias dado su carácter histórico, cultural y social como núcleos de propiedad comunal y participación colectiva.

La legisladora explicó que la iniciativa plantea añadir “Comunidades Agrarias” en la fracción donde solo se refieren a “Ejidos”.

Señaló que las comunidades agrarias —también conocidas como núcleos agrarios— constituyen estructuras organizativas tradicionales de origen colonial, cuyas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Estas comunidades, explicó, administran de manera colectiva recursos naturales como bosques, aguas y tierras, y representan una fuente esencial de identidad, sustento económico y conservación ambiental en las zonas rurales del país.

Asimismo, la priista subrayó la diferencia jurídica y funcional entre los ejidos y las comunidades agrarias, conforme a la legislación agraria vigente, la cual dedica capítulos distintos a cada figura. Aseguró que reconocerlas de forma explícita en la Ley de Economía Social y Solidaria permitirá su fortalecimiento legal y el desarrollo sostenible de sus territorios.

Recordó que, además, las comunidades agrarias enfrentan retos como la falta de acceso a mercados, tecnologías, y capital, así como la presión por la sobreexplotación de los recursos, pero también reconoció que tienen oportunidades para el desarrollo económico sostenible y la conservación de su patrimonio natural y cultural.