Alerta PRI pretensión de Morena de cancelar pensión universal de adultos mayores

>> PRI denuncia el posible retiro de apoyos pese a que la Constitución prohíbe regresividad en derechos sociales.

>> En su caso, exigen a Bienestar y Hacienda explicar criterios de exclusión y garantizar mecanismos de subsanación y apelación.

Las y los senadores del Partido Revolucionario Institucional alertaron sobre la pretensión del gobierno de Morena de excluir a personas adultas mayores del Programa de Pensión para el Bienestar, pese a que este derecho está protegido en la Constitución como universal, progresivo y no regresivo.

Y es que, señalaron, de acuerdo con notas periodísticas, la Secretaría del Bienestar inició un proceso para dar de baja de manera definitiva a beneficiarios que no recibieron el apoyo en dos bimestres consecutivos o que presentaron supuestas inconsistencias administrativas, como errores en la CURP o en las direcciones. Incluso, se señaló la existencia de una “lista negra” de adultos mayores a quienes se cancelará el apoyo de forma irreversible.

Ante esta situación, los legisladores presentaron un Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a la Secretaría del Bienestar y a la Secretaría de Hacienda a informar públicamente sobre los criterios normativos y administrativos aplicados para las bajas definitivas del Programa de Pensión para el Bienestar. También solicitan explicar la justificación legal y constitucional de estas medidas, las acciones implementadas para evitar exclusiones arbitrarias, los mecanismos de notificación, corrección o apelación para las personas afectadas, así como las implicaciones presupuestales que estas decisiones generan sobre el gasto social destinado al programa.

El grupo parlamentario subrayó que la reforma constitucional del 8 de mayo de 2024 reforzó este derecho, impidiendo que pueda ser limitado o suprimido de manera discrecional. “La cancelación definitiva sin vías de subsanación viola los principios de seguridad jurídica, legalidad, igualdad y no discriminación”, señalaron.

“El Estado tiene la obligación de proteger a quienes más lo necesitan. No se puede poner en juego la dignidad ni los derechos de las personas adultas mayores por simples criterios administrativos”, advirtieron.