Sin Protocolo / Del caos a la estrategia

Una bomba mediática prendió las redes sociales, con el anuncio del amparo que un juez concedió a Andy López Beltrán para evitar cualquier orden de aprehensión.

Pero ese amparo de la justicia también abarcó a Gonzalo López Beltrán, por presuntos vínculos con el huachicoleo.

De manera paralela, se dio la noticia de que el gobierno de Paraguay expulsó a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”.

¿Qué hay detrás de todos estos movimientos que nada tienen de casualidad? ¿Quién mueve esos poderosos tentáculos del poder y con qué fin?  

El mismo Andrés Manuel López Obrador, solía decir que de todo está informado el presidente de la República en turno.

Este caso debe ser el de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Es ajena a todo lo anterior? ¿Está totalmente informada de lo que sucede en el ámbito judicial?

Lo anterior permite vislumbrar movimientos políticos insospechados que involucran a Andy.

Pero el amparo a favor de Andy lo coloca de manera permanente en ojo del huracán, más allá de sus presuntas responsabilidades, estigma del cual difícilmente se despojará. 

Se trata de una jugada maestra, pues al teñirlo de presuntos delitos, cualquiera que éstos sean, con el paso del tiempo se convertirá un lastre para Morena y el gobierno de Sheinbaum.

Todo lo anterior lo excluye de la carrera por la candidatura presidencial para el 2030, y de la toma de decisiones para la elección de 2027.

¿Se trata de un magistral plan para deslindarse de Andrés Manuel López Obrador, de allegados y demás parentela? 

Todo apunta a esa ruta, sobre todo si se suma la sorpresiva expulsión de Paraguay de Hernán Bermúdez Requena.

Sin duda se trató de una “expulsión” pactada, pues las fuerzas federales de México, se trasladaron a esa nación para traerlo a México, donde se le ejecutó una orden de aprehensión.

Una vez en territorio nacional, Bermúdez Requena fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, ubicado en el Estado de México.

Se trató de una operación orquestada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La coordinó con elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Dos momentos inesperados llenaron el escenario mediático virtualprácticamente todo el día de ayer: 

El amparo a favor de los hijos de López Obrador y la llegada a México de quien fuera secretario de Seguridad Pública, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco. 

Del caos a la estrategia. Una mente maquiavélica ha empezado a operar para sacudirle los lastres a la presidenta.

Por la tarde de ayer, Andy desmintió que haya acudido a la justicia a ampararse. ”Todo esto es parte de una campaña de desprestigio”, aseguró. 

“Renunciamos tajantemente a dicho trámite y solicitamos al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso”, afirmó. Por lo visto, hay un caos total. 

Las instituciones que controla la 4T, se han dividido, las que operan a favor de la presidenta, y las que lo hacen en su contra. Hay división y descontrol; y lo que falta por ver. 

PROSPECCIÓN… Organizaciones civiles pidieron al Congreso de la Unión incluir gravámenes al alcohol porque, de lo contrario, continuarán incompletos los impuestos saludables en México, y permanecerá la omisión con esos productos relacionados con cánceres, cirrosis hepática y más de 200 enfermedades entre la población. Los representantes de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), el Centro de Análisis e Investigación Fundar, el Poder del Consumidor y Salud Justa Mx, advirtieron que los impuestos saludables son limitadas, pues el gravamen debe elevarse a 7 pesos por litro, y el tabaco a 3 pesos por cigarro. Luis Alonso Robledo, representante de RASA, sostuvo que el consumo de alcohol está relacionado con 41 mil muertes anuales, y vinculado con seis de las 10 principales causas de fallecimiento entre los mexicanos. Además, se asocia con 20% de los siniestros viales fatales. También, dijo, tiene enormes costos sociales: en 2023, 45% de los homicidios dolosos fueron cometidos por personas bajo sus influjos, y 65% de quienes murieron en riñas callejeras estaban en estado de ebriedad; además, las mujeres tienen 3.5 veces mayor riesgo de sufrir violencia severa cuando su pareja toma alcohol. Agregó que el costo económico asciende a 552 mil millones de pesos, equivalentes al 2.1% del PIB, con base en lo cual apuntó: “Mientras la sociedad mexicana paga los daños ocasionados por el alcohol, las ganancias se concentran en la industria. No incluir impuestos para el alcohol en el Paquete Económico 2026 agudizará la problemática ya existente del efecto de sustitución a las bebidas azucaradas. Esto sería una omisión injusta e insostenible”.