Por: Nancy Cárdenas
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, cumple su primer año al frente de la administración pública de la capital. El informe correspondiente a este periodo ya fue entregado al Congreso local, y todavía queda pendiente su comparecencia ante la sede del Legislativo. Sea cual sea el contenido de su informe, carecerá de cimientos, pues el gobierno ha sido incapaz de presentar a tiempo el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045 (PGD).
La propia Brugada había fijado junio como plazo para someter dicho programa a consulta y recoger la opinión de diversos sectores sociales, con especial énfasis en los pueblos originarios. Sin embargo, con la información más reciente, las autoridades pospusieron las consultas hasta noviembre. De acuerdo con diputados de la oposición, resultaría imposible concluir este proceso en lo que resta del año, ya que la difusión de la consulta, la recopilación de propuestas y su eventual inclusión y aprobación en el Congreso se trasladarían al siguiente ejercicio, salvo que se recurra a un “fast track”.
El Plan General de Desarrollo es el instrumento de planeación más importante: permite identificar los retos económicos, de seguridad, socioambientales y territoriales de la ciudad. Es, en síntesis, la visión de los próximos veinte años. A su vez, este Plan da paso a otros instrumentos, como el Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT), los Programas de Desarrollo Urbano de las alcaldías y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano para colonias y barrios.
Hasta aquí parecería que existe una lógica descendente en cada instrumento, y se pensaría que uno lleva al otro. Pero no es así. El gobierno temprano de Clara Brugada ha emprendido acciones al margen del PGD, como la habilitación de vivienda popular en zonas afectadas por la gentrificación o los remiendos urbanísticos en el sur con motivo de la Copa FIFA 2026.
Como ciudadanos, esperaríamos también que la mandataria capitalina presentara, dentro del PGD o del PGOT, una estrategia de mitigación de riesgos frente a las inundaciones, como las ocurridas durante el actual temporal de lluvias, o para prevenir tragedias como el accidente del Puente de la Concordia en Iztapalapa.
Concilio
Desde la alternancia en el gobierno de la Ciudad de México, los asentamientos irregulares han crecido exponencialmente, sobre todo en las alcaldías Tlalpan, Cuajimalpa, Tláhuac y Xochimilco, que concentran el 87 % de los asentamientos en suelo de conservación. El viernes pasado, representantes de 40 Asentamientos Humanos Irregulares (AHI) bloquearon vialidades en la alcaldía Xochimilco en protesta contra la alcaldesa Circe Camacho, a quien acusan de desinterés en dar continuidad al convenio de regularización de tierras firmado con el gobierno central en septiembre del año pasado.
Ambas partes deberían serenarse, pues en el contexto actual, sin PGD y sin PGOT, la propuesta de regularización de estos 40 asentamientos deberá esperar a que se aprueben primero los instrumentos de mayor jerarquía. Sin embargo, ello no justifica la falta de oficio político de los funcionarios de la alcaldía frente a sus gobernados.
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