30 de abril de 2026

Dossier de Prensa

Libertad Informativa

Sin Protocolo / Política de sanguijuelas

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el relevo en la Dirección General llega con aroma de temporada alta: cuando cambia la cabeza, algunos grupos leen el momento como oportunidad para renegociar posiciones, presupuestos y controles internos. 

De ninguna manera se trata de una teoría conspirativa; es un reflejo viejo en instituciones grandes: donde hay recursos y poder de decisión, aparece la tentación de capturarlos. 

El problema no es que existan disputas, sino que el método y riesgo para dirimirlas sea convertir la vida académica en rehén.

En la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatíaparte de la comunidad estudiantil ha bautizado a un grupo como “el cártel” para describir a quienes -según denuncias recurrentes dentro del plantel-, impulsan paros como palanca de presión. 

La lógica que describen es brutalmente simple: cerrar, tensar y negociar. Y ahí aparece la frase que circula en pasillos con una claridad incómoda: “sangrar a la vaca”.  

Es decir, ordeñar a la institución con exigencias de posiciones, plazas o acceso a presupuesto, bajo el costo social de semanas perdidas para quien sí va a estudiar, además, todo esto bajo el amparo de la representación sindical.

El dato que se repite —y que la autoridad debería documentar con precisión pública— es la frecuencia: “demasiados paros, demasiado seguido”. 

Cuando los paros dejan de ser una herramienta excepcional y se vuelve rutina, la institución entra en modo de desgaste permanente. 

Esa política de desgaste tiene un nombre más crudo, pero exacto: la política de las sanguijuelas. 

No hace falta romantizarlo: se pega al cuerpo institucional, chupa energía y, cuando el organismo está débil, pide más.

En la Escuela Superior de Cómputo, además, circulan señalamientos sobre un grupo de profesores cuya principal modus vivendi -nos comentan-, es la venta de cursos, talleres y diplomados para acelerar puntajes o trayectorias internas

Si eso es cierto, no se combate con rumor ni con linchamiento, sino con reglas y auditoría: transparencia en convocatorias, criterios de evaluación claros, y sanciones cuando se cruce la línea. 

Si es falso, también urge aclararlo, porque el daño reputacional se riega como humedad.

Señalamientos exigen transparencia institucional

Mientras tanto, la cúpula sindical se reúne con la secretaria de Administración del IPN, Ana María Arrona González, sobre quienes han hecho señalamientos de presunto conflicto de interés 

Ello durante su etapa previa vinculada al Patronato Corazón Guinda y Blanco, y por su relación profesional con Javier Tapia Santoyo, recientemente separado de su cargo por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. 

En una institución que vive de credibilidad pública, la salida no es el “no pasa nada”: es abrir información y responder con documentos.

Asimismo, blindar la gobernabilidad para que nadie pueda “sangrar a la vaca” mientras las sanguijuelas, convierten el derecho a estudiar en moneda de cambio.

PROSPECCIÓN… Luego de los hechos ocurridos el pasado jueves en la zona de Santa Bárbara, la alcaldesa en Azcapotzalco, Nancy Núñez, informó que los funcionarios públicos involucrados fueron destituidos de sus cargos, incluyendo a la directora general de Gobierno, Azucena Narvaez, además aseguró que en su administración no se tolerará ningún acto de violencia o abuso de autoridad.

“Se han iniciado las acciones administrativas, correctivas, así como las sanciones correspondientes contra las y los servidores públicos involucrados en los hechos con el fin de garantizar que estas acciones no vuelvan a ocurrir”, informó la alcaldesa.

Dijo que a diferencia de otras alcaldías donde se solapan y promueven actos de provocación hacia la ciudadanía, en Azcapotzalco siempre se mantendrá el diálogo como vía para la consolidación de cualquier acto de gobierno.

Nancy Núñez aclaró que será responsabilidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos determinar las responsabilidades y sanciones contra los funcionarios involucrados, por lo que su administración facilitará la información que, en su momento requiera la autoridad.