>> Se busca determinar la legalidad de sus operaciones de importación- exportación y el cumplimiento de las reglas de origen
>> La CANACERO logró identificar un total de 750 empresas presuntamente irregulares, a 350 de ellas se inició el procedimiento de cancelación del programa IMMEX
La Secretaria de Economía, en uso de sus atribuciones y facultades, en el marco de la operación limpieza, llevó a cabo la inspección y verificación de empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos de acero, tanto en territorio nacional como en el extranjero, a efecto de determinar la legalidad en sus operaciones de importación – exportación, y verificar el cumplimiento de las reglas de origen de los fabricantes extranjeros que exportan productos siderúrgicos a México.
Derivado de estas inspecciones, así como de un análisis llevado a cabo en las mesas interinstitucionales donde participa la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Secretaria de Economía, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México, en esta ocasión se contó con información aportada por la Cámara Nacional de Acero (CANACERO), donde se lograron identificar un total de 750 empresas con actividades presuntamente irregulares en todo el país, de las cuales se suspendieron actividades de importación y se iniciaron procedimientos de cancelación de programa IMMEX a 350 de ellas; el resto se encuentra bajo análisis y cumplimiento de requerimientos de información para poder determinar el inicio del procedimiento administrativo.
Dentro de las empresas suspendidas, vale la pena destacar el caso de Bremsa Regiomontana S.A. de C.V., la cual en conjunto con la empresa Elegant Fashion, presuntamente trianguló operaciones de importación por un monto de 76,761 toneladas de acero durante el 2025.
Con estas acciones, la Secretaria de Economía, en coordinación con las demás instituciones del Gobierno Federal, refrenda su compromiso por la legalidad económica, la seguridad de las cadenas de suministro y el combate permanente contra el contrabando y el uso indebido de programas de fomento económico.
