El Gobierno de la Ciudad de México, a través del secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, informó sobre los procesos administrativos vinculados con el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, y puntualizó versiones confusas que han circulado tras el lamentable incidente donde tres trabajadores de la construcción perdieron la vida.
Explicó que el edificio presentaba daños estructurales severos derivados de los sismos de 2017, condición que fue dictaminada desde 2018 por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, y tras lo cual sus propietarios fueron notificados sobre la necesidad de llevar a cabo el proceso de demolición.
Muñoz Santini precisó que, conforme a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, cuando se trata de predios privados con usos no habitacionales, como oficinas o comercios, la Comisión para la Reconstrucción se limita a determinar la aplicación de facilidades administrativas o fiscales para que los propietarios realicen los trámites correspondientes ante la alcaldía respectiva.
“La aplicación de estas facilidades no es un permiso y no exenta a nadie de seguir los pasos normativos en materia de construcciones y demoliciones”, aseveró.
El funcionario capitalino explicó que la Constitución de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de las Alcaldías y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establecen que las alcaldías cuentan con la atribución exclusiva para registrar manifestaciones de obra, expedir permisos o licencias de construcción o demolición, así como vigilar administrativamente el cumplimiento de dichas autorizaciones.
Asimismo, refirió que el 20 de octubre de 2025, mediante oficio, la alcaldía Cuauhtémoc fue notificada de la aplicación de facilidades administrativas a los propietarios del inmueble, con el propósito de que la autoridad territorial realizara las acciones que establece la normatividad.
En ese mismo documento se precisó que, en caso de autorizar la demolición, la alcaldía debía verificar que el particular cumpliera con todos los requisitos legales.
“Se explicita a la alcaldía que, en caso de autorizar la demolición, debería asegurarse, como la ley le obliga, de que el particular contara con un programa de demolición avalado por un director responsable de obra, un programa de Protección Civil, una póliza que cubriera daños a terceros y medidas de protección a colindancias”, indicó.
El 12 de noviembre de 2025, la alcaldía informó que había sido notificada del inicio de los trabajos por parte de la empresa constructora, señalando que se habían aplicado las facilidades correspondientes y que se observarían los requisitos que marca la ley.
Respecto a un documento presentado recientemente por la alcaldía Cuauhtémoc, supuestamente fechado el 25 de septiembre, el secretario precisó que dicho documento no corresponde a una negativa de licencia de demolición, sino a otro trámite administrativo.
“Se trata de la respuesta a una solicitud del trámite llamado Publicitación Vecinal para Licencia de Construcción Especial de Demolición. En ese documento se le solicita a la empresa entregar planos, subsanar observaciones, entregar memorias técnicas y otros documentos, dándole para ello cinco días hábiles sin negarle la licencia en ningún momento”, explicó al señalar que a partir de ese documento no es posible determinar si posteriormente la licencia fue negada o autorizada, por lo que será la propia alcaldía quien deberá informar con precisión sobre las actuaciones realizadas.
Tras el incidente ocurrido en el inmueble, el Gobierno de la Ciudad de México desplegó de inmediato acciones de atención y rescate para analizar técnicamente las áreas de riesgo y acometer.
El funcionario indicó que el Gobierno capitalino ha brindado acompañamiento y apoyo integral a las familias de las víctimas, incluyendo atención psicológica, hospedaje y asistencia inmediata, y aseguró que se vigilará que reciban las indemnizaciones correspondientes conforme a la ley.
Finalmente, reiteró que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la instancia encargada de realizar las investigaciones para deslindar responsabilidades.
“Es muy importante que se rindan cuentas ante la FGJ; es una responsabilidad de todas y de todos para que así se puedan deslindar responsabilidades”, concluyó.
El Gobierno de la Ciudad de México reiteró que continuará colaborando con las autoridades competentes para garantizar que cualquier intervención relacionada con este inmueble se realice conforme a la ley y con total transparencia.
