La reforma constitucional de la Jefa de Gobierno en materia de vivienda no va a generar vivienda social; va a generar clientelas políticas, va a beneficiar a grupos de presión, a vivienderos y ocupaciones ilegales. El Estado no debe decidir dónde vives, cuánto pagas ni con quién contratas. Queremos un mercado libre, competitivo, con reglas claras, donde haya más oferta y mejores precios. No queremos que se ponga en riesgo la propiedad privada.
Así lo expresaron Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso capitalino en conferencia de prensa, al destacar que la reforma constitucional de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en materia de vivienda no es la solución, sino “probablemente el problema”.
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario, Diego Garrido, advirtió que la iniciativa representa es “un ataque directo a la propiedad privada, a la libertad económica y hasta al sentido común”, al señalar que se trata de una propuesta que “disfraza malas ideas de buenas intenciones”, pero que terminará afectando a quienes busca beneficiar.
Subrayó que medidas como el control de rentas mediante tabuladores vulneran el derecho de propiedad y trasladan la responsabilidad del acceso a vivienda a los particulares. “Controlar precios no baja las rentas, desaparece la vivienda”, afirmó, al explicar que este tipo de políticas desincentivan la inversión, reducen la oferta y encarecen el mercado.
Diego Garrido también alertó sobre otras propuestas contenidas en la reforma, como la creación de un banco de suelo, zonas de alta densificación y reservas territoriales, las cuales —dijo— podrían abrir la puerta a afectaciones a la propiedad privada, incluso mediante expropiaciones. Asimismo, cuestionó la creación de un Instituto de Inquilinos al considerar que rompería el equilibrio entre las partes, al inclinar al Estado en favor de una de ellas.
En cuanto al llamado “derecho al arraigo vecinal”, señaló que se trata de una figura ya contemplada en la legislación civil, por lo que su inclusión en la Constitución representaría una duplicidad innecesaria con fines ideológicos.
Por su parte, el Coordinador de las y los panistas, Diputado Andrés Atayde, reconoció que existe coincidencia en la necesidad de garantizar vivienda accesible para las y los capitalinos, pero advirtió que la propuesta del Gobierno de la Ciudad no conduce a ese objetivo.
“Atención: cuando se imponen precios máximos, lo primero que se genera es escasez”, señaló, al explicar que este tipo de medidas también reducen la calidad de la vivienda y pueden propiciar la aparición de mercados informales.”
Por su parte, el Diputado Ricardo Rubio advirtió que la propuesta presenta graves deficiencias jurídicas y de técnica legislativa, al señalar que elevar a rango constitucional figuras como el tope de rentas y el arraigo vecinal es “un despropósito legal”. Explicó que la Constitución debe contener principios generales y no regulaciones específicas que corresponden a leyes secundarias como el Código Civil. Asimismo, criticó la creación del Instituto de Inquilinos, al considerarlo innecesario: “ya existen mecanismos como el Instituto de Mediación del Tribunal Superior de Justicia”, por lo que su implementación solo generaría más burocracia.
También alertó que las medidas podrían ser fácilmente evadidas por los particulares: “la gente le va a dar la vuelta a la ley… van a celebrar contratos de comodato en lugar de arrendamiento”, lo que, afirmó, demuestra que la reforma no resolverá el problema de fondo.
En tanto, la Diputada Olivia Garza subrayó que la Ciudad de México sí requiere mayor oferta de vivienda, pero cuestionó que la propuesta del gobierno retome modelos que ya han fracasado en el pasado. “Es algo que ya se hizo… cuando se congelaron las rentas y hoy todavía tenemos vecindades abandonadas en el centro histórico”, afirmó.
En ese sentido, planteó como alternativa que el gobierno impulse la construcción de vivienda asequible en las 16 alcaldías, especialmente en zonas donde el suelo es más accesible, acompañando esta política con inversión en servicios públicos. “Si el argumento es que no hay servicios, entonces que el gobierno los lleve”, señaló, destacando que esto permitiría consolidar comunidades más equilibradas y reducir la necesidad de traslados.
Finalmente, el Diputado Andrés Sánchez Miranda afirmó que el gobierno capitalino no está entendiendo la dimensión real del problema de vivienda, al recordar promesas poco viables como la construcción de 200 mil viviendas. “Con el presupuesto actual del INVI simplemente no dan los números”, explicó. Además, advirtió que el mercado inmobiliario no debe abordarse desde una lógica de confrontación entre sectores: “esto no es un discurso de ricos contra pobres… aquí no hay villanos”.
Sánchez Miranda, propuso medidas concretas como que el gobierno actúe como garante en contratos de arrendamiento para jóvenes y facilite los procesos de desalojo para reducir la incertidumbre. “El gobierno sí puede resolverlo… pero hoy le quiere endosar la responsabilidad a los propietarios”, concluyó.
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