Sin Protocolo / ¿Corrupción en la Profepa?

Desde Yucatán informan que en el caso de la clausura del relleno sanitario de Kanasín, ya no hay dudas, porque los indicios son muy claros: se trata de un bloqueo deliberado dentro de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

Tras la inspección de los días 13 y 14 de abril, no se asentaron observaciones, y tampoco se entregó información que acredita el cumplimiento, incluida la NOM-083-SEMARNAT-2003, y un reconocimiento internacional por su operación.

El acuerdo para levantar la clausura estaba listo y sin connotaciones negativas, e incluso la procuradora Mariana Boy Tamborrell ya había autorizado la reapertura. 

Aun así, el proceso sigue detenido, los plazos se estiran, y no hay una explicación pública, mientras el sitio se acerca a ocho meses clausurado.

Al interior de la PROFEPA se habla de una supuesta intervención de la empresa Red Ambiental mediante sobornos para frenar la reapertura, lo que apunta directamente a la oficina de la subprocuradora Gabriela Ortiz Merino. 

Incluso se menciona a Horacio Guerra Marroquín, identificado como dueño de dicha empresa, como quien estaría detrás de los supuestos pagos. 

Incluso, desde el interior de la dependencia señalan que la propia subprocuradora habría enviado de comisión fuera de la oficina a Ricardo Ortiz Conde, el funcionario encargado de firmar el acuerdo, para que no lo hiciera, deteniendo en los hechos el trámite.

Esta combinación de autorización ya otorgada, cumplimiento acreditado y decisiones directas que frenan la resolución, colocan a Ortiz Merino en el centro del problema.

La situación en comento, llegó a Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum, demandó se investigue a fondo el caso.  

Y si como sucedió con el hijo de Marcelo Ebrard, donde anunció que se revisará a fondo, mantiene esa misma línea, el foco inevitablemente se pondrá en la posible corrupción dentro de la Subprocuraduría de la PROFEPA.

Sin embargo, el riesgo que persiste es que ante un levantamiento de la clausura, en un eventual acto de venganza de la subprocuradora, le pudiese imponer la multa lo más alta posible a la empresa, lo que implicaría daño económico mayor. 

Esto obligaría a la empresa afectada a presentar una denuncia ante tal injusticia, por daños y perjuicios que evidentemente ganaría, y que conllevaría un daño patrimonial al erario público, atribuible con las consecuencias legales del caso directamente a la subprocuradora. 

Esto confirmaría que la funcionaria no actuaría conforme a derecho, sino más bien en posible sumisión a los intereses de Horacio Guerra, lo cual supondría que tendría que ser sancionada y retirada de su cargo, porque su oficina se habría convertido en la gestora de Red Ambiental.

PROSPECCIÓN… Al 31 de marzo de 2026, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 22,724,680 puestos de trabajo, dentro de los cuales 155,520 corresponden a puestos de trabajo de plataformas digitales; del número total de puestos de trabajo, es la tercer cifra máxima desde que se tenga registro y cifra máxima considerando solo los meses de marzo, de los cuales el 86.9% son permanentes y el 13.1% son eventuales. Los puestos permanentes, 19,738,191 son la mayor afiliación para un mes de marzo. El incremento mensual durante marzo de 2026 fue de 32,930 puestos. Con ello, la creación de empleo en lo que va del año es de 207,604 puestos, de los cuales el 83.1% corresponde a trabajo permanente. Además, en los últimos doce meses se observa un crecimiento de 259,570 puestos de trabajo que representan una tasa anual de 1.2%. Al cierre de marzo de 2026, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS, alcanzó un monto de $663.5, el más alto considerando solo los meses de marzo y el segundo para cualquier mes desde que se tenga registro.