PRI vota en contra de las reformas judicial y electorales; Rubén Moreira exige suspender votación

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados votará en contra de las reformas judicial y electorales impulsadas por Morena, al considerar que se trata de modificaciones “tramposas, contradictorias y peligrosas para la democracia”, advirtió el diputado federal Rubén Moreira Valdez, quien además exigió suspender la discusión legislativa por las inconsistencias constitucionales y los riesgos de control político que contienen las iniciativas.

El legislador priista denunció que Morena intenta “meter por la puerta de atrás” cambios para que la revocación de mandato pueda realizarse de manera concurrente con las elecciones ordinarias de 2027, tanto federales como estatales, abriendo la puerta a una nueva estrategia de manipulación electoral desde el poder.

“Le quieren ver la cara incluso a sus aliados. Están modificando el Artículo 35 constitucional para facilitar una revocación concurrente y convertir nuevamente los procesos electorales en ejercicios de propaganda política desde el gobierno”, alertó el coordinador parlamentario.

Moreira Valdez sostuvo que la reforma judicial tampoco garantiza una auténtica elección ciudadana de jueces y magistrados, pues la población únicamente podrá votar por una parte de los perfiles, mientras el poder político mantendrá capacidad de control sobre las postulaciones.

Además, afirmó que el proyecto contiene contradicciones jurídicas graves entre los artículos 94 y 97 de la Constitución respecto al periodo de renovación y la forma en que se elegiría la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“El texto está mal hecho, tiene antinomias constitucionales y pretende imponer un modelo improvisado que vulnera la división de poderes”, señaló.

El político de Coahuila advirtió también que la reforma tiene un carácter centralista, pues obliga a las entidades federativas a sujetarse “estrictamente” al esquema diseñado desde la Federación, reduciendo la autonomía local y concentrando el control político del sistema judicial.

Agregó que la iniciativa no busca construir un Poder Judicial profesional, sino imponer jueces afines al régimen, ya que ni siquiera establece como requisito obligatorio una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

“El objetivo no es mejorar la justicia; el objetivo es controlar a los jueces”, acusó.

Asimismo, criticó que Morena se niegue a cerrar espacios a prácticas ilegales como los llamados “acordeones” o guías de votación utilizadas para inducir y manipular masivamente el sufragio.

Rubén Moreira subrayó que las reformas tampoco resuelven el principal problema de las elecciones en México: la intervención del crimen organizado.

“El verdadero riesgo para la democracia mexicana no son observadores extranjeros ni fantasmas inventados por Morena; el verdadero riesgo es el crimen organizado infiltrando campañas, amenazando candidatos y capturando gobiernos locales”, enfatizó.

El líder parlamentario recordó que el PRI ha planteado medidas concretas para enfrentar la violencia electoral, entre ellas suspender procesos cuando ocurran homicidios o secuestros de candidatas y candidatos; crear un Fiscal Especial en delitos electorales vinculados al crimen organizado; retirar el registro a partidos infiltrados por grupos criminales; establecer mapas nacionales de riesgo electoral; fortalecer la presencia de observadores internacionales y prohibir expresamente actos de apología del delito durante campañas.

También propuso la creación de un Comisionado Electoral con facultades para prevenir, investigar y combatir la intervención criminal en los procesos electorales.

Moreira Valdez sostuvo que la política de “abrazos, no balazos” impulsada por Andrés Manuel López Obrador terminó enviando un mensaje de tolerancia hacia los grupos delictivos y advirtió que México no puede permitir que esa lógica continúe contaminando las elecciones.

“El país necesita elecciones libres, no elecciones condicionadas por el miedo, el dinero ilegal o el control territorial del crimen organizado”, concluyó.