Advierte PRI que reforma judicial es el reconocimiento del fracaso del modelo de 2024

En el marco de la discusión sobre la modificación a nueve artículos constitucionales, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fijó una postura firme al anunciar que votará en contra de la propuesta de Reforma Judicial. El grupo parlamentario señaló que el proyecto atenta de manera directa contra el equilibrio institucional del país, la autonomía de los poderes y el futuro de la justicia en México.

Al fijar postura a nombre del GPPRI, Alejandro Domínguez afirmó que esta iniciativa representa el reconocimiento tácito del fracaso de la reforma aprobada en 2024, ya que ahora pretende saturar los procesos electorales y diferirlos de 2027 a 2028, rediseñando procedimientos para corregir severas contradicciones de origen.

No obstante, advirtió que la nueva propuesta no soluciona los problemas de fondo, sino que simplemente los traslada hacia el futuro, lo que saturará los calendarios electorales y arriesgará la claridad democrática del país.

«La justicia debe responder a la Constitución, no a los grupos políticos, a los intereses coyunturales, a las mayorías temporales y mucho menos al crimen organizado», sentenció el legislador, al tiempo que rechazó el profundo centralismo de la reforma, la cual obliga a las entidades federativas a sujetarse de forma estricta al modelo federal, debilitando gravemente el pacto federalista.

Asimismo, Domínguez señaló que el PRI cree firmemente en una Reforma Judicial, pero en una que reivindique la independencia del Poder Judicial, fortalezca la separación de poderes y garantice lo técnico sobre lo político, en lugar de reducir a la Suprema Corte a una posición de subordinación.

Durante su participación, la diputada priista Nadia Navarro Acevedo acusó que la reforma ignora deliberadamente la realidad de un sistema judicial debilitado, cooptado, sin presupuesto y con recursos humanos limitados. Señaló de manera contundente que el bajo nivel de conocimiento técnico en la impartición de justicia —evidenciado en dinámicas deficientes como el llamado «acordeón»— pone en riesgo el Estado de Derecho, lo cual incide de forma negativa no solo en la vida democrática del país, sino también en el desarrollo y la estabilidad económica de México.

En tanto, Jericó Abramo Masso sostuvo que la Reforma Judicial de septiembre de 2024 ha generado una profunda incertidumbre jurídica que frena el desarrollo económico de México, provocando que los inversionistas internacionales pierdan la confianza en los tribunales nacionales. Ante este escenario, la iniciativa presentada busca corregir un desajuste estructural mediante la postergación de la próxima elección judicial federal para el primer domingo de junio de 2028, de manera concurrente con el proceso de 2027.

Alertó que la coincidencia física de los comicios judiciales con las votaciones partidistas en las elecciones subsecuentes de 2030, 2033 y 2036 politizará por completo estos cargos. Además, señaló que el diseño de los comités de evaluación propiciará la selección de perfiles afines al partido en el gobierno, en lugar de los más aptos.

Asimismo, criticó que se pretenda delegar al Instituto Nacional Electoral (INE) la responsabilidad de investigar los vínculos de los candidatos con el crimen organizado, una facultad que compete exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) y que el propio órgano electoral no puede asumir durante las campañas. Por otro lado, el legislador priista denunció la subjetividad de la causal de nulidad por intervención extranjera, la cual equipara las acciones de un gobierno con un simple meme o comentario emitido por un ciudadano extranjero en redes sociales.

Finalmente, el diputado Carlos G. Mancilla acusó a Morena de haber pactado con el crimen organizado y de abandonar la seguridad de los ciudadanos, asegurando que su estrategia de «abrazos» se tradujo en impunidad, violencia y descontrol territorial.

Subrayó que el partido utiliza las reformas y los debates sobre el Poder Judicial como cortinas de humo para ocultar escándalos de narcopolítica y desviar la atención de figuras señaladas en Sinaloa o de personajes como Andy López Beltrán, a quien calificó como el rostro de una nueva élite familiar y una «narcodinastía» que busca heredar el poder.

“El gobierno pretende normalizar la violencia y controlar las instituciones para protegerse», advirtió Mancilla, concluyendo que la creciente indignación y rabia de la población terminará por rebasar la propaganda oficial y los llevará a rendir cuentas ante la justicia.