La democracia mexicana no puede quedar sujeta a nulidades electorales ambiguas ni al control político del poder: PRI

Las y los diputados federales del PRI, encabezados por el coordinador Rubén Moreira Valdez, aseguraron que la reforma en materia de intervención extranjera en elecciones representa un grave riesgo para la democracia mexicana, al establecer causales de nulidad ambiguas, subjetivas y susceptibles de utilizarse políticamente desde el poder.

A nombre de la bancada del PRI, los legisladores Emilio Suárez Licona, Marcela Guerra Castillo y Alejandro Domínguez Domínguez señalaron que Morena prefirió construir “una causal de nulidad deliberadamente ambigua”, sin definir con claridad conceptos fundamentales, por lo cual anunciaron su voto en contra de esta reforma.

“Qué debe entenderse por intervención, qué conductas específicas actualizarían esa causal, Cuál sería el estándar probatorio. Ninguno de los dictámenes da respuesta a estas interrogantes”, cuestionó Emilio Suárez.

El legislador priista advirtió que el verdadero problema de la reforma es que, bajo el argumento de proteger la soberanía nacional, podría convertirse en un instrumento de control político-electoral. Por ello, enfatizó que el debate de fondo no es la soberanía, sino el futuro democrático del país.

“La discusión es si México seguirá siendo una democracia con reglas claras, controles objetivos y autoridades imparciales, o si avanzaremos hacia un modelo donde las elecciones queden sujetas a interpretación política desde el poder”, afirmó.

Por su parte, la diputada Marcela Guerra Castillo aseguró que la soberanía nacional no se defiende persiguiendo opiniones incómodas, sino combatiendo la inseguridad y la infiltración criminal en los procesos electorales.

“La soberanía no se defiende persiguiendo opiniones incómodas; se defiende evitando que el crimen gobierne territorios enteros”, expresó para después alertar que Morena pretende crear una causal de nulidad electoral “tan ambigua, subjetiva y expansiva” que podría utilizarse para impugnar cualquier elección incómoda.

“El verdadero problema no es la crítica internacional; el verdadero problema es la intervención del crimen organizado en las elecciones”, subrayó.

Marcela Guerra advirtió además que la redacción de la reforma pone en riesgo derechos fundamentales y podría afectar incluso la participación política de la comunidad mexicana en el exterior.

“Mexicanas y mexicanos que viven fuera del país podrían ver inhibida su participación o quedar sujetos a interpretaciones discrecionales si sus opiniones son consideradas indebidamente como injerencia extranjera”, indicó.

Asimismo, señaló que conceptos como “campañas digitales”, “desinformación”, “presión diplomática”, “influencia mediática” o “manipulación en redes” carecen de delimitación técnica y jurídica, otorgando una enorme discrecionalidad al Tribunal Electoral.

En tanto, el diputado Alejandro Domínguez Domínguez sostuvo que el debate sobre soberanía no puede limitarse a la intervención extranjera mientras el crimen organizado continúa controlando regiones enteras del país.

Cuestionó que el oficialismo pretenda impulsar discursos nacionalistas mientras persisten graves problemas de inseguridad, salud, abandono del campo y falta de tranquilidad para millones de mexicanos.

“No hay soberanía cuando se paga derecho de piso, cuando el pueblo vive con miedo, cuando el sistema de salud no garantiza atención adecuada y cuando el crimen avanza en complicidad con el gobierno”, señaló.

Alejandro Domínguez puntualizó que tanto la reforma constitucional como la legislación reglamentaria mantienen una redacción ambigua y sin claridad jurídica.
“Los dictámenes publicados en la Gaceta Parlamentaria no contienen las precisiones que hoy intentan ofrecer. Por ello, nos ceñimos a lo que efectivamente está escrito y aprobado”, indicó.

Finalmente, los legisladores priistas coincidieron en que el Estado mexicano no puede utilizar instrumentos legales para perseguir opositores ni poner en riesgo la certeza democrática.