Sin coalición, las posibilidades de que la oposición obtenga triunfos se reducen considerablemente, y no por falta de simpatías ciudadanas. Es evidente que Morena atraviesa una crisis de credibilidad y que el gobierno federal no ha logrado mejorar la economía. Las finanzas públicas muestran signos de deterioro y la administración vive endeudándose cada vez más.
Los escándalos en Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y Sonora terminarán por pasar factura. La economía y la seguridad constituyen los principales puntos débiles de un gobierno que heredó de López Obrador un conjunto de problemas estructurales y compromisos que lo mantienen en una situación de crisis permanente. La elección de 2027 será una prueba difícil para ellos.
Morena no es un partido político; es una mafia que, en ocho años, ha tejido una extensa red de intereses que dificulta su retiro del poder. A ello se suman los agravios que tendría que explicar ante la sociedad en caso de una derrota electoral. Basta imaginar las implicaciones que tendría para sus dirigentes justificar proyectos como el Tren Interoceánico o el Tren Maya. Por ello, harán todo lo que esté a su alcance para evitar perder, incluso recurriendo a prácticas que comprometan la limpieza de los procesos electorales.
PRI, PAN y Movimiento Ciudadano no enfrentarán una elección ordinaria ni competirán solamente contra Morena. Su verdadero adversario será el gobierno y la maquinaria política que controla en las entidades federativas. En 2024 vimos un adelanto de ello: ante el temor de perder, López Obrador utilizó recursos públicos de manera extraordinaria para impulsar a sus candidatos y empleó espacios institucionales, como la conferencia matutina, para intervenir en el debate político. También, mediante mecanismos desleales, promovió la incorporación de figuras provenientes de la oposición.
La contienda es, en buena medida, contra un régimen que se ha preparado para preservar su permanencia. Ha debilitado los contrapesos institucionales, cooptado órganos jurisdiccionales y electorales, y generado condiciones que anticipan la posibilidad de resoluciones injustas, como las derivadas de la sobrerrepresentación. Además, eliminó organismos autónomos que fortalecían la democracia y no ha dudado en utilizar mecanismos de presión contra opositores y medios de comunicación.
En Coahuila sufrieron una derrota contundente. Sin embargo, se niegan a aceptarla. Han construido una narrativa que, con el respaldo del gobierno, busca desacreditar el resultado electoral. Inventan irregularidades, presentan información falsa ante los tribunales y pretenden atribuir al partido ganador conductas realizadas por sus propios aliados. Con una actitud prepotente, amenazan con utilizar las instituciones del Estado mexicano para arrebatar en los tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas.
No construir una alianza opositora sería un error. La magnitud del desafío demanda una visión estratégica compartida. Frente a un aparato de poder decidido a conservarse, la división solo favorece a quienes hoy gobiernan.
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