Sin Protocolo / A tambor batiente

A dos meses y medio del arranque del proceso electoral 2027, el partido en el poder va a tambor batiente.

Una cascada de licencias de legisladores y renuncias a distintos cargos, se han registrado en los últimos días.

Conforme pasen las horas, esa efervescencia política subirá de tono en los cuarteles de Morena y aliados (PVEM y PT).

Senadores, diputados locales y federales, así como funcionarios, se alistan para inscribirse en el proceso interno de su partido a partir del próximo lunes 22 de junio.

El reparto del poder, no es cualquier cosa: se trata de la renovación de 17 gubernaturas y de la Cámara de Diputados, con sus 500 integrantes.

Lo anterior cobró fuerza, tras sellar la alianza entre los dirigentes de Morena, del PVEM y PT.

Además, este miércoles en rueda de prensa, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, presentó el calendario del registro de aspirantes.

Supuestamente para no violar las leyes electorales, en lugar de precandidatos, se llamarán “coordinadores estatales de la cuarta transformación”.

En los hechos, es una burda forma de violar las normas electorales, toda vez que varios han iniciado campañas encubiertas.

Es el caso de la senadora de Chihuahua, Andrea Chávez, cercana al cuestionado ex gobernador de Tabasco y también senador, Adán Augusto López Hernández.

La ex consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, mantiene una incesante promoción en Guerrero, tal y como se puede observar en redes sociales y en la profusa difusión de sus eventos.

Pese a estar impedido para participar en el proceso interno, también solicitó licencia el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora que pretende suceder.

El bajacaliforniano, Fernando Castro Trenti, un ex priista que creció a la sombra de Manlio Fabio Beltrones, también pidió licencia como diputado federal de la mano de su coordinador Ricardo Monreal.

Tatiana Clouthier, renunció a la dirección del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para competir por la candidatura del gobierno de Nuevo León.

En Michoacán, el fiscal general Carlos Torres Piña, quien lleva el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pidió licencia para competir por la gubernatura.

Los mencionados, son apenas una corta lista de aspirantes, muchos de los cuales no llegarán a ser candidatos, y tampoco lograrán el triunfo.

Por lo pronto, hay que esperar sorpresas, golpes bajos, señalamientos, acusaciones y sobre todo fuego amigo, algo nada desconocido en el mundo de la política.

Con todo eso tiene que lidiar la presidenta Claudia Sheinbaum, en momentos cruciales para la vida política de México.

PROSPECCIÓN…El pasado 15 de junio, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh) realizó una protesta frente a instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en la que denunció presuntos casos de acoso laboral y violencia de género. La movilización fue encabezada por Rodrigo Megchún Rivera, actual secretario general del sindicato.No obstante, la participación de Megchún Rivera en este tipo de causas ha reavivado cuestionamientos que persisten desde 2021 contra esta actual autoridad sindical, cuando medios nacionales difundieron el testimonio de una estudiante que lo señaló públicamente por presuntos actos de violencia ocurridos durante una relación personal. De acuerdo con la información publicada en aquel momento, la joven presentó una denuncia ante las autoridades competentes y relató haber sufrido presuntas agresiones físicas y psicológicas. Hasta donde es de conocimiento público, corresponde exclusivamente a las autoridades determinar el alcance jurídico de esos señalamientos y cualquier eventual responsabilidad.Más allá de los aspectos legales, que deberían haberse resuelto conforme al debido proceso, el cual quedó en un velo de opacidad, dicho caso plantea una discusión legítima sobre la congruencia que se espera de quien ocupa el liderazgo de la STAUACh… EN LA SUPREMA CORTE, comenzó a perfilarse uno de los debates más sensibles de los próximos meses. A propuesta conjunta del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y del ministro Irving Espinosa Betanzo, el Pleno reasumió su competencia para conocer un asunto que plantea la posible tensión entre el marco normativo vigente en materia de salud y los derechos de las personas con enfermedades terminales a la dignidad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. La decisión no adelanta criterio alguno sobre el fondo del asunto, pero sí refleja la relevancia constitucional y social del caso. Lo que eventualmente resuelva la Corte podría convertirse en un referente nacional sobre los alcances de los derechos fundamentales en la etapa final de la vida y sobre el papel del Estado frente a decisiones profundamente personales relacionadas con el sufrimiento, los cuidados paliativos y la autodeterminación.