La crisis de desapariciones en México se profundiza ante la falta de resultados, coordinación institucional y voluntad política de los gobiernos de Morena, aseguró el diputado federal Rubén Moreira Valdez, quien advirtió que el país enfrenta una de las mayores tragedias nacionales que exige respuestas de Estado y no campañas de descalificación contra las víctimas y sus familias.
En su programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, acompañado del analista de políticas públicas Hugo Mena, el legislador priista afirmó que uno de los principales obstáculos para enfrentar este problema es la insuficiencia presupuestal en las fiscalías estatales, lo que refleja la falta de compromiso de numerosos gobiernos locales para investigar y buscar a las personas desaparecidas.
Destacó que la problemática rebasa por mucho lo que suele reconocerse públicamente y puede alcanzar a cualquier ciudadano. Explicó que desaparecen personas que salen de sus hogares a trabajar y nunca regresan; viajeros que transitan por carreteras; víctimas de extorsión criminal; periodistas; activistas y ciudadanos atrapados en conflictos entre grupos delictivos.
El coordinador parlamentario denunció además que desde el oficialismo se impulsa una estrategia para estigmatizar y desacreditar a quienes buscan a sus familiares. Enfatizó que es importante realizar mesas de diálogo con las madres buscadoras, porque su solicitud responde a un problema real y no a una causa política o partidista como lo quieren hacer ver los de Morena.
«De manera muy dolosa se ha intentado hacer creer que las familias buscadoras pertenecen a una ideología, a la derecha o a algún partido político. Eso es absolutamente falso. Antes se estigmatizaba al desaparecido como delincuente; hoy también se pretende desacreditar a las madres buscadoras», subrayó.
En ese contexto, Rubén Moreira anunció la presentación de una iniciativa para que las fiscalías, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda cumplan con las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Estas incluyen la expedición de reglamentos pendientes, la consolidación de una política nacional de búsqueda, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la creación de unidades de contexto en las fiscalías.
Por su parte, el asesor legislativo Hugo Mena señaló que la desaparición forzada también posee una dimensión económica relacionada con las estructuras del crimen organizado. Explicó que miles de personas son reclutadas de manera forzada para sostener economías criminales vinculadas al control territorial, la extorsión y diversas cadenas productivas.
Resaltó que municipios productores de limón, aguacate, caña de azúcar y otros bienes de exportación suelen registrar altos niveles de violencia y desaparición de personas. Asimismo, advirtió que las más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas representan apenas una parte del fenómeno, debido a la elevada cifra negra existente en el país.
Alertó también sobre las deficiencias institucionales que enfrenta la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual opera sin un reglamento plenamente funcional que fortalezca sus capacidades. «Una persona desaparece aproximadamente cada 40 minutos en México. La dimensión de esta crisis demanda respuestas extraordinarias, permanentes y coordinadas», sostuvo.
Ante este panorama, Hugo Mena enlistó varias prioridades, como la reconstrucción de las capacidades civiles de seguridad pública; una desmilitarización progresiva de funciones de procuración de justicia; el combate a las economías criminales; una mayor corresponsabilidad de los municipios; la protección efectiva de periodistas, madres buscadoras y defensores de derechos humanos, así como mayores niveles de transparencia institucional.
Por lo anterior, Rubén Moreira expresó: «Tenemos que sentarnos todos con seriedad a resolver este problema. La desaparición de personas es una tragedia nacional que exige la participación y el compromiso de todas las instituciones del Estado», concluyó.

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