Ante el aumento de despojos de viviendas, Rubén Moreira exige a las autoridades de la CDMX garantizar la seguridad y el patrimonio de las familias

Los despojos y ocupaciones ilegales de viviendas en la Ciudad de México, pone en riesgo el patrimonio de las familias y evidencia la falta de respuesta de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el Estado de Derecho, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez

Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador del PRI señaló que este tipo de delitos ya se presentan en distintas zonas de la capital, como las alcaldías Benito Juárez y Cuajimalpa, donde los propietarios llegan a sus domicilios y descubren que personas ajenas cambiaron las cerraduras y ocupan los inmuebles, incluso exhibiendo supuestos documentos para intentar acreditar la posesión.

Moreira Valdez relató casos difundidos en medios de comunicación y experiencias cercanas que muestran el modus operandi de quienes buscan apropiarse ilegalmente de viviendas que permanecen desocupadas por algunas horas o días. Indicó que las víctimas enfrentan amenazas y una respuesta insuficiente por parte de las autoridades de procuración de justicia y seguridad.

El coordinador de la bancada priista sostuvo que esta problemática sólo puede prosperar cuando existe omisión o permisividad institucional, por lo que hizo un llamado a las autoridades de la Ciudad de México a actuar con firmeza para proteger el patrimonio de las familias, garantizar el respeto a la propiedad privada y evitar que este delito continúe extendiéndose.

Por su parte, el economista Mario Di Costanzo advirtió que este fenómeno ocurre en un contexto de creciente vulnerabilidad financiera de los hogares mexicanos. Recordó que Moody’s ha alertado sobre el aumento del endeudamiento de las familias y señaló que, después de las tarjetas de crédito, la cartera vencida que más ha crecido corresponde a los créditos de vivienda de interés social.

Explicó que la pérdida del empleo dificulta el pago de los créditos otorgados para vivienda y, posteriormente, la venta de esas carteras puede propiciar abusos y prácticas irregulares que terminan afectando a los propietarios. Añadió que, de mantenerse esta tendencia, podrían encenderse focos rojos para los deudores, similares a los observados durante la crisis financiera de mediados de los años noventa.

En su intervención, el abogado Miguel Ángel Sulub destacó que entre las principales víctimas de los despojos de viviendas se encuentran los adultos mayores, quienes enfrentan mayores dificultades para recuperar sus propiedades y defender su patrimonio frente a este tipo de delitos.

Rubén Moreira, Di Costanzo y Sulub coincidieron en que el combate al despojo de viviendas requiere una actuación inmediata de las autoridades, tanto para prevenir estos delitos como para garantizar que las víctimas recuperen sus inmuebles mediante procedimientos ágiles y con pleno respeto al Estado de Derecho.