México vive una crisis de Derechos Humanos, no reconocida por el Gobierno Federal, de tal magnitud y gravedad que por vez primera el Consejo General conocerá del caso de un Estado donde la desaparición de personas es generalizada y sistemática.
Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, México no puede acostumbrarse a vivir con miles de familias buscando a sus hijos, hijas, padres y hermanos.
No son cifras. Son personas. Son familias. Son vidas que el Estado tiene la obligación de buscar, encontrar y proteger, aunque los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum hayan pretendido desaparecer a las y los desaparecidos.
En nuestro país desaparecen, en promedio, 35 personas cada día. Entre ellas, más de cinco son niñas, niños o adolescentes. En 2025 se registraron 12,961 desapariciones, la cifra anual más alta de la serie reciente.
Al 8 de junio de 2026, 18,104 niñas, niños y adolescentes permanecían desaparecidos o no localizados, de los cuales 6,685 tenían entre 12 y 17 años y eran mujeres, lo que muestra la particular vulnerabilidad de las adolescentes.
El Gobierno Federal minimizó y sus integrantes se envolvieron en un barato patriotismo ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de remitir la situación de México para su consideración por la Asamblea General.
SOMOS exige al Gobierno de Claudia Sheinbaum dejar de minimizar el problema y asumir la responsabilidad constitucional e internacional del Estado mexicano.
Los informes mañaneros de Power Point son una cotidiana manera de ocultar la crisis. Es urgente una política nacional de Estado contra las desapariciones, con objetivos, presupuesto, responsables y resultados verificables.
El Gobierno Federal que protege con Guardia Nacional y militares a Rubén Rocha Moya y a su ilegal candidata al gobierno de Sinaloa, Imelda Castro, elude la protección inmediata y efectiva para madres y familias buscadoras, garantizando que puedan realizar su labor sin amenazas ni agresiones.
Investigaciones especializadas indican que existen 72 mil cadáveres sin identificar y unas 5 mil fosas clandestinas. Ante ello, es ineludible también la identificación forense y restitución digna de los restos a sus familias.
Desde SOMOS exigimos:
* Investigación y sanción de quienes desaparecen personas y de agentes del Estado que, por acción u omisión, permiten la impunidad.
* Cooperación plena con los mecanismos internacionales de derechos humanos, particularmente con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
* Verdad, justicia, memoria y una respuesta de Estado. No aceptamos excusas y pretextos oficiales sobre la crisis; queremos resultados para abordar la crisis y terminar con esta tragedia diaria que lastima a miles de familias y nos lastima como Estado, como pueblo, como ciudadanía defensora de la paz y la democracia.
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