El diputado federal Rubén Moreira Valdez advirtió que el Gobierno Federal pretende establecer, mediante una reforma reglamentaria, un cobro de hasta 2 por ciento sobre dispositivos tecnológicos como teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, memorias y otros equipos, sin que antes se aclare su plena compatibilidad con las leyes mexicanas y los compromisos comerciales internacionales.
El legislador del PRI presentó un punto de acuerdo para exigir a las secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público, Cultura y al Instituto Nacional del Derecho de Autor revisar la legalidad de la llamada remuneración compensatoria por copia privada, antes de que se establezca cualquier cobro obligatorio sobre la importación y comercialización de estos dispositivos.
Moreira Valdez sostuvo que, si el pago se exige desde la importación, tendrá efectos directos sobre el comercio exterior y las condiciones económicas para introducir mercancías al país, por lo que debe someterse a los procedimientos y controles previstos en la Ley de Comercio Exterior.
Advirtió que el proyecto podría incluso entrar en conflicto con el T-MEC, particularmente con sus disposiciones sobre aranceles y restricciones a la importación.
“El nombre que se le dé al cobro no cambia sus efectos”, expreso. Si se exige al importador porque una mercancía ingresa al territorio nacional, no basta con llamarlo compensación privada para excluirlo del análisis comercial, señaló el coordinadore de la bancada priista.
El exgobernador de Coahuila recordó que existe un antecedente que debe ser tomado en cuenta. Refirió que en 2021, ante una propuesta similar, la Secretaría de Economía advirtió que exigir el pago a los importadores al ingreso de las mercancías podría considerarse un arancel y resultar contrario a los compromisos comerciales de México.
El problema, explicó, es que los recursos serían recaudados inicialmente por sociedades de gestión colectiva, por lo que debe aclararse cuándo adquieren naturaleza pública, cómo se registran, quién autoriza su destino, cómo se incorporan a la Cuenta Pública y bajo qué mecanismos serán fiscalizados.
El congresista consideró inadecuado que el Ejecutivo pretenda establecer mediante reglamento elementos sustantivos de un cobro que la ley no define. Por ello, advirtió que la facultad reglamentaria no puede utilizarse para crear obligaciones que corresponden al Poder Legislativo.
Moreira Valdez exigió que, antes de emitir cualquier reforma, la Secretaría de Economía haga pública su opinión sobre la compatibilidad del cobro con la Ley de Comercio Exterior y el T-MEC; que Hacienda determine su naturaleza fiscal y presupuestaria; y que Cultura e Indautor acrediten el fundamento legal para establecer mediante reglamento los elementos del cobro.
Asimismo, planteó que se hagan públicos los estudios técnicos y económicos que justifiquen la tarifa y permitan conocer el impacto que tendría el cobro en precios, consumidores, competencia, comercio formal e importaciones, así como sus implicaciones frente a los compromisos comerciales internacionales de México.
Rubén Moreira enfatizó que México necesita certeza jurídica, no nuevas incertidumbres, sobre todo en un momento económico complejo y precisamente cuando se encuentra en revisión el T-MEC.
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