El senador Gabriel Elizondo Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional la creación de un Fondo Federal Permanente para fortalecer las instituciones de seguridad pública estatales y municipales. El fondo contaría con recursos etiquetados para profesionalización, certificación, dignificación laboral, equipamiento, infraestructura, tecnología, investigación policial y prevención del delito. Señaló que las policías locales constituyen el primer contacto de la ciudadanía con las instituciones de seguridad y requieren capacidades suficientes para responder ante la delincuencia.
El senador propuso recuperar las fortalezas del extinto FORTASEG, que en 2020 contó con 4 mil millones de pesos para fortalecer a las policías locales. La propuesta contempla un esquema permanente, con estabilidad jurídica, reglas objetivas de distribución y metas verificables. Explicó que los mecanismos actuales —FASP, FOFISP y FORTAMUN— representan recursos importantes. Sin embargo, ninguno reproduce de manera integral un subsidio directo, focalizado, etiquetado y evaluable para los municipios.
El coahuilense planteó que el nuevo fondo considere criterios como población, incidencia delictiva, estado de fuerza, capacidades institucionales, condiciones territoriales y rezago en seguridad pública. También propuso mecanismos estrictos de transparencia, fiscalización y evaluación. Afirmó que fortalecer a las policías locales representa una condición indispensable para recuperar la capacidad de respuesta del Estado y garantizar a las familias mexicanas seguridad, tranquilidad y protección efectiva.
El senador priista destacó que la debilidad de las policías locales ocurre en un contexto de alta incidencia delictiva. La ENVIPE 2025 estimó que durante 2024, 23.1 millones de personas adultas fueron víctimas de algún delito, con un total de 33.5 millones de delitos y 11.4 millones de hogares con al menos una víctima. A ello se suma una cifra negra de 93.2 por ciento. Además, 75.6 por ciento de la población adulta manifestó sentirse insegura en su entidad federativa. El costo económico de la inseguridad y el delito alcanzó 269.6 mil millones de pesos, equivalente a 1.07 por ciento del PIB.
Elizondo Pérez advirtió que la capacidad de respuesta de las policías locales permanecerá limitada mientras persistan la falta de personal, los bajos salarios, las carencias de certificación y los recursos insuficientes. México Evalúa registró 173 mil 407 policías municipales en 2022, apenas 1.4 elementos por cada mil habitantes, por debajo del estándar mínimo de 1.8. Además, estas corporaciones realizan 75.9 por ciento de las puestas a disposición ante el Ministerio Público.
Por ello, sostuvo que garantizar un fondo federal permanente no representa un gasto accesorio, sino una inversión indispensable para fortalecer a quienes atienden a la ciudadanía todos los días. La medida también permitiría enfrentar con mayor eficacia la inseguridad desde los municipios.

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