Exigen a senadores con doble nacionalidad aclarar posible conflicto de interés ante reforma constitucional y advierten consecuencias legales en EU

Raúl de Jesús Torres Guerrero, Diputado Migrante del Congreso de la Ciudad de México,  emite un llamado urgente a la Mesa Directiva del Senado de la República.

La exigencia: que los legisladores con doble nacionalidad transparenten su situación jurídica antes de participar en la discusión y votación de la reforma constitucional en materia de «nacionalidad única».

La iniciativa propone modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política para restringir la posesión de otra nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a las gubernaturas estatales y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Ante este escenario Torres Guerrero lanzo un cuestionamiento central: ¿Es legal y ético que participen en la votación aquellos senadores cuya situación jurídica personal está directamente relacionada con la materia a regular?

El panista subrayo que su objetivo no es prejuzgar los derechos políticos, sino exigir el estricto apego al marco legal vigente:

• El Reglamento del Senado (Artículos 10 y 19)
• La Ley General de Responsabilidades Administrativas (Artículo 58)
  Estas normativas obligan a los servidores públicos a excusarse de intervenir en asuntos donde exista un conflicto de interés o del cual puedan derivar un beneficio o afectación personal.

Riesgos legales en Estados Unidos
La legislación estadounidense emplea el concepto de «United States person», que abarca a sus ciudadanos y residentes permanentes sin importar su ubicación física, sujetándolos a regímenes de alcance global. En este contexto, Torres Guerrero señaló los casos de los senadores Javier Corral Jurado, Jasmine Bugarin, Cecilia Guadiana Mandujano y Ricardo Sheffield, de quienes se tiene conocimiento que poseen ciudadanía estadounidense.

Así como de la senadora Karina Ruiz, quien reside en Arizona y llego a la cámara alta por la representación de los migrantes.
Votar esta reforma implicaría graves consecuencias legales en EE. UU. para los legisladores en esta situación:

1. Violación a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Sección 349 A): Votar esta reforma podría interpretarse como una acción de expatriación, equivalente a renunciar a la ciudadanía estadounidense. Renunciar a la ciudadanía no es un trámite de escritorio: es presencial, irreversible y depende de tiempos que México no controla.
2. Implicaciones Fiscales (IRS): Enfrentarían consecuencias por violar la U.S. Exit Tax underInternal Revenue Code Section 877A, lo que acarrea serios problemas tributarios.
3. Pérdida de Residencia Legal (USCIS): Para los senadores que son residentes permanentes, violarían la ley al residir más de 180 días fuera de EE. UU., abandonar su estatus por un empleo principal en el extranjero y por servir como oficiales electos en otro país.
4. The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act: faculta a Estados Unidos a bloquear bienes y restringir la entrada al país de personas extranjeras involucradas en graves abusos contra los derechos humanos o en actos de corrupción, recordando que Morena se hizo de la mayoría calificada en el Senado mediante la coacción sobre legisladores y la protección a senadores señalados por sus vínculos con el crimen organizado.

Finalmente, Torres Guerrero anuncio que en conjunto de la mano de Organizaciones migrantes estarían listos para presentar denuncias formales en contra de los senadores con doble nacionalidad o residencia estadounidense ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
 
La relación entre México y el mundo ha trascendido las fronteras territoriales y los acuerdos gubernamentales para convertirse en una sociedad binacional y transnacional. Impulsada por décadas de migración, esta realidad abarca a cerca de 40 millones de personas de origen mexicano en territorio en el exterior.
 
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