Vía rápida para atender a víctimas de despojo: Andrés Atayde

“Quien ha sido despojado de su hogar o defraudado en su patrimonio no necesita más laberintos; necesita una justicia accesible, oportuna y efectiva”. Así lo destacó, Andrés Atayde, Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, al presentar una iniciativa para atender las controversias civiles relacionadas con el despojo.
 
De acuerdo con el legislador, existe una brecha en la protección de las víctimas, quienes pueden enfrentar procedimientos largos y fragmentados para recuperar una vivienda o patrimonio del que fueron despojadas.
 
“Hoy discutimos una iniciativa que parte de una realidad incómoda, dolorosa y urgente: en nuestro país, una persona puede perder su vivienda, su patrimonio y la tranquilidad construida durante toda una vida, y aun así enfrentar una ruta institucional lenta, fragmentada e incierta para recuperar lo que legítimamente le pertenece”, señaló.
 
Atayde explicó que la propuesta establece una vía rápida para las controversias civiles por despojos, con el propósito de garantizar una justicia ágil y uniforme en todo el país.
 
“No puede ser que la rapidez con la que una persona puede defender su patrimonio dependa del código postal en el que viva o de si, en su entidad federativa, se ha emitido un acuerdo administrativo que habilite determinada vía procesal”, sostuvo.
 
El Diputado panista enfatizó que un punto central de la iniciativa es establecer que las víctimas puedan reclamar la reparación del daño sin tener que esperar a que concluya una investigación o exista una sentencia penal firme.
 
“La impunidad penal no puede convertirse, por sí misma, en impunidad civil”, afirmó Atayde.
 
La iniciativa también contempla evitar que el daño se vuelva irreversible, con anotaciones preventivas en el Registro Público, suspensión provisional de actos de disposición y aseguramiento del bien cuando resulte estrictamente necesario.
 
El Coordinador del GPPAN aclaró que estas medidas no serían automáticas y estarían sujetas a controles judiciales, como la valoración de la apariencia del derecho, el peligro en la demora y la proporcionalidad, además de contemplar garantías, audiencia posterior, medios de impugnación y protección para terceros registrales, ocupantes de buena fe y personas en condición de vulnerabilidad.
 
“No se trata de combatir una injusticia creando otra. Se trata de proteger a la víctima sin cancelar los derechos de nadie; de actuar con firmeza, pero también con el debido proceso”, subrayó.
 
Atayde también planteó que la eventual responsabilidad de notarios y fedatarios públicos sea analizada de manera individual, evitando responsabilidades automáticas y exigiendo acreditar incumplimientos dolosos o culposos, el vínculo causal con el daño y la ausencia de causas de exclusión o reducción de responsabilidad.
 
Finalmente, destacó que la propuesta no pretende confrontar a las entidades federativas, poderes judiciales, notariado o instituciones, sino fortalecer la coordinación y proporcionar herramientas claras para quienes imparten justicia.