Inicia el último año de la legislatura y se repite el ritual en el cual se entrega el paquete económico que servirá para sostener la administración pública en 2027 y orientar las políticas del país. A pesar del espíritu festivo y del “no pasa nada”, las cosas no marchan bien en el país y eso se nota.
A primera vista, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 parece contener buenas noticias. Propone un gasto de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, 4.3 por ciento más que lo aprobado para 2026. El problema aparece al descontar la inflación estimada por el propio Gobierno: el incremento real es de apenas 0.3 por ciento. En otras palabras, el presupuesto no crece; solamente cambia de lugar.
La comparación con 2018 ayuda a entender hacia dónde se movió. El gasto total es hoy 32.9 por ciento mayor en términos reales, pero 21 de los 41 ramos comparables reciben menos recursos. Es importante aclarar que una muy buena parte del menguado crecimiento real del presupuesto se sostiene con una criminal deuda que hipoteca el futuro del país.
El contraste más evidente está en la infraestructura. El gasto carretero disminuye 23.2 por ciento, al pasar de 72 mil 216.1 millones de pesos en 2018 a 55 mil 476.7 millones en 2027. En el campo ocurre algo similar. Agricultura y Desarrollo Rural pierde 18.8 por ciento; la sanidad e inocuidad agroalimentaria, 48.9 por ciento, y los recursos concurrentes con los estados sencillamente desaparecen. Al ver las decisiones financieras tomadas en relación con el campo, se explica, en buena medida, la caída de la producción y el avance de plagas y enfermedades en ese sector.
La seguridad local tampoco sale bien librada. Los subsidios federales y el programa de prevención del delito sumaban 8 mil 33.8 millones de pesos en 2018. El fondo que los sustituye tiene apenas mil 201.1 millones: 85 por ciento menos. A la vez, el fondo de aportaciones para seguridad pública permanece prácticamente congelado. En un entorno de percepción de inseguridad creciente en el país, gobernadores y alcaldes cuentan con menos recursos para atender los temas relevantes en la materia.
También pierden los contrapesos: el Poder Judicial recibe 33.2 por ciento menos; la CNDH, 46.4; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 23.6, y la Fiscalía, 15.1 por ciento menos que la antigua Procuraduría. En un escritorio del Senado de la República se mantiene congelada la declaratoria de constitucionalidad de una reforma al artículo 123 que permitiría aumentar los salarios a los policías del país.
Por supuesto, no todo disminuye. Se asignan más de 18 mil millones de pesos al Tren Maya y más de 800 millones de pesos a Mexicana de Aviación. Pero el mayor crecimiento está en un renglón que no abre escuelas, no cura enfermos ni patrulla calles: el costo de la deuda. En 2027 llegará a 1 billón 306 mil 35.6 millones de pesos, 82.1 por ciento más que en 2018 y por encima de todas las aportaciones a estados y municipios.
Las transferencias económicas, garantizadas por la Constitución y conocidas como programas sociales, ya no son suficientes para que los beneficiarios puedan llevar una vida digna. La destrucción del sistema de salud, entre otras cosas, los obliga a destinar más recursos para atenderse de manera privada o comprar medicamentos. A ello hay que sumar la caída del empleo formal y el hecho de que el aumento al salario mínimo no aumenta la masa salarial. El retiro de dinero de las Afores ha llegado a cifras históricas, y la mora y la cartera vencida de tarjetas de crédito también aumentan.
A fin de cuentas, un presupuesto es una lista de prioridades escrita en pesos. La de 2027 coloca primero la deuda y la continuidad de obras faraónicas que promovió la visión de López Obrador y deja atrás carreteras, campo, seguridad local y contrapesos. La pregunta es simple: ¿con qué criterio se justifica esa elección y quién responderá por sus consecuencias?
P. S. Los apagones se extienden por muchas regiones del país; sin embargo, el presupuesto de CFE, según el proyecto, cae 8.1 por ciento, mientras su deuda aumenta 33.8 por ciento.
(Texto elaborado en colaboración con Francisco Lezama)
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