Todo el país atraviesa una fiebre anticipada de aspirantes a cargos de elección popular.
Un ambiente preelectoral invade el territorio nacional, en sus 32 entidades federativas.
Imágenes por doquier, asambleas disfrazadas de actos proselitistas, dinero invertido sin fiscalización por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Autoridades electorales ausentes, impotentes u omisas ante evidentes denuncias, cuyos responsables reciben sanciones irrisorias.
Esos son los múltiples riesgos que acarrean consecuencias funestas como violencia política e intervención del crimen organizado.
Funcionarios corruptos ligados a la delincuencia organizada, asumen las consecuencias de sus excesos en cuanto a violación de las distintas leyes, incluidas las electorales.
A todo lo anterior se le suma un indiscriminado uso faccioso de los programas sociales, con fines netamente clientelares.
La compra de voluntades se ha consolidado como una política de Estado, debido a que los asistentes a concentraciones, sólo acuden a cabio de dádivas y en su mayoría beneficiarios de los programas sociales.
Sobra decir que, en todo proceso comicial, persiste la injerencia de servidores públicos en favor de los aspirantes de sus respectivos partidos.
Esa disputa por el poder arroja consecuencias nefastas como atentados, asesinatos de candidatos, sabotaje de eventos proselitistas y destrucción de propaganda, entre otras tantas tropelías.
El mayor riesgo y desafío lo enfrentará el partido en el poder: o avanza en su hegemonía o iniciará su inexorable declive.
Ejércitos de mexicanos acudirán a las urnas el próximo año a emitir su voto por sus candidatos o partidos de su preferencia.
Más de 102.1 millones de mexicanos están apuntados en el listado nominal, y con todo el derecho de emitir su voto.
Entrarán en juego en la contienda 20 mil 061 cargos: 500 federales, mil 015 estatales y 18 mil municipales.
A las 17 gubernaturas, se suman 500 diputaciones federales, mil 098 diputaciones locales, mil 802 presidencias municipales o alcaldías y 16 mil 207 sindicaturas, regidurías y concejalías.
El resultado de la elección de 2027 definirá un nuevo escenario político electoral, con miras a la elección presidencial de 2030.
De ese tamaño es la disputa electoral en proceso. Por eso los tiempos adelantados y la inminente temporada de riesgos.
PROSPECCIÓN… Pocos reconocimientos hace públicos y prácticamente en cadena nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum. En este caso le tocó a la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, sometida a una fuerte metralla de críticas semanas pasadas, principalmente por sus oponentes en la demarcación que aspiraban a sucederla en el cargo. Casualmente el día en que la mandataria aplaudió la gestión de la alcaldesa, el diputado local Pedro Haces Lago, se registró como aspirante al mismo cargo. El mensaje de Sheinbaum no pudo ser más claro y directo para tirar línea en el sentido de quién deberá ser la candidata en Tlalpan para las elecciones de 2027. El anuncio estuvo acompañado de otro de mayor envergadura: la construcción de una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la ostentosa casa de “El Negro” Durazo, un monumento a la corrupción.

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