El Código Civil ya establece que la renta no puede aumentar por encima de la inflación, criterio que la Suprema Corte ha respaldado. Diego Garrido, Vicecoordinador del GPPAN en el Congreso de la CDMX, advirtió que “eso ya es ley y no hay discusión, pero la Ley de rentas se excede de esos parámetros” y señaló 8 riesgos que detectó:
- Congelamiento de rentas. Fija tope al inmuble sin importar cambio de inquilino o propietario.
- Nulidad de contratos no registrados. Será invalido y deja en estado de inseguridad jurídica a inquilinos.
- Autorización gubernamental para ajustar la renta. Un burócrata fijará el precio de la renta.
- Una defensoría que es juez y parte. Rompe la balanza de equilibrio entre las partes y duplica funciones de órganos que ya proporcionan mediación.
- Desaparece la prórroga a voluntad del inquilino. Le quita el derecho al inquilino de continuar 1 año más el contrato.
- Gabinete de desalojos. No se limita a conflictos del arrendamiento, podrían proteger a invasores de predios en el delito de despojo.
- Una sola garantía. Indefensión jurídica del dueño cuando no reciba el pago de la renta.
- Multas excesivas. Inquilino y propietario serán responsables ante el gobierno.
“La creación de vivienda en renta no puede hacerse a costa de quienes arriesgan su propiedad al ponerla en renta, ni con cargas al ciudadano”, afirmó el Diputado Garrido.
La solución, planteó, está en la inversión pública y privada, en infraestructura en zonas sin movilidad ni servicios para que también ahí se construya, y en facilidades administrativas, incentivos y mejora regulatoria que simplifique trámites.
Aseveró: “No permitiremos que, bajo el argumento de la falta de vivienda, se pretenda violar la propiedad privada. Vivienda sí, pero con orden y sin afectar los derechos de propietarios ni de inquilinos”, concluyó.

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