Ante las deficiencias en materia de seguridad y calidad de la atención médica, el Diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Rubio Torres, presentó una iniciativa para garantizar el derecho de los pacientes a recibir una segunda opinión clínica institucional, gratuita y oportuna en los servicios públicos de salud de la capital.
El legislador advirtió que la falta de mecanismos institucionales para contrastar diagnósticos y tratamientos de alta complejidad puede incrementar los riesgos para los pacientes y obligar a las familias a recurrir a servicios privados para obtener una segunda valoración.
Tal y como señala el legislador en su exposición de motivos, de acuerdo con el Programa Sectorial de Salud 2025-2030 del Gobierno Federal, durante 2024 se registraron en México 67 mil 726 eventos adversos en salud, de los cuales 42 mil 500 ocasionaron daños leves o moderados, mil 697 fueron clasificados como eventos centinela y 405 correspondieron a fallecimientos.
El documento oficial estima que el 85.03% de estos eventos eran potencialmente evitables mediante mejores protocolos de seguridad y prevención.
“Estas cifras demuestran que no basta con garantizar una consulta médica. Necesitamos instituciones capaces de prevenir riesgos, fortalecer los diagnósticos y garantizar que las personas reciban atención segura y de calidad”, sostuvo Rubio.
El Diputado panista también señaló que el mismo programa reconoce que solamente 57% de la población mexicana manifestó satisfacción con la atención médica, frente al promedio de 67% registrado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En este contexto, la iniciativa plantea adicionar diversas disposiciones a los artículos 6, 11, 12, 16 y 19 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, así como incorporar un nuevo artículo 12 Bis, para establecer un procedimiento institucional que permita solicitar una segunda valoración médica en casos de alta complejidad clínica.
La propuesta contempla que las solicitudes sean canalizadas en un plazo máximo de tres días hábiles y que la segunda opinión sea emitida en un máximo de diez días hábiles, por personal médico especializado e independiente de quien realizó la primera valoración.
Asimismo, establece que el procedimiento será gratuito, deberá documentarse en el expediente clínico y no podrá interrumpir la continuidad de los tratamientos ni retrasar la atención de urgencias.
Rubio explicó que la reforma persigue tres objetivos fundamentales: fortalecer la seguridad del paciente, garantizar su autonomía para tomar decisiones informadas y asegurar condiciones de igualdad en el acceso a servicios especializados.
“Una familia que enfrenta un diagnóstico de cáncer, una cirugía de alto riesgo o una enfermedad poco frecuente no debería verse obligada a pagar una consulta privada para tener mayor certeza sobre su tratamiento. La salud no puede depender del dinero que tenga una persona”, enfatizó.
Finalmente, el legislador aclaró que la iniciativa no pretende desacreditar al personal médico ni sustituir sus decisiones profesionales, sino fortalecer la atención mediante mecanismos adicionales de valoración y prevención.
“Una segunda opinión médica no es un lujo ni un privilegio. Es una herramienta que puede hacer la diferencia entre un tratamiento adecuado, una complicación evitable e incluso la vida y la muerte. Desde Acción Nacional queremos que este derecho sea una realidad para todas las familias, no solamente para quienes pueden pagarlo”, concluyó.
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