El incremento del 4% al Impuesto Sobre Nóminas (ISN) aprobado en diciembre de 2024 elevó los costos para las empresas y afectó las condiciones para generar empleos, atraer inversiones y crear nuevos negocios en la capital. Por ello, el Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, presentó una Iniciativa de Ley para reducir nuevamente del 4 al 3 por ciento este impuesto.
Atayde explicó que pasar del 3 al 4 por ciento representó un incremento real del 33.3 por ciento en este impuesto. Como ejemplo, señaló que una empresa con una nómina gravable mensual de un millón de pesos pasó de pagar 30 mil a 40 mil pesos mensuales, es decir, 120 mil pesos adicionales al año.
El legislador advirtió que esta carga fiscal también coloca a la Ciudad de México en desventaja frente a entidades como Estado de México, Jalisco, Querétaro y Guanajuato, que mantienen una tasa general del 3 por ciento, mientras que el promedio nacional de este impuesto se ubica en 3.02 por ciento, de acuerdo con la OCDE.
Agregó que, según el Índice de Competitividad Estatal 2026 del IMCO, la capital registra una variación negativa de 11.8 por ciento en el crecimiento de unidades económicas con más de 50 trabajadores, ubicándose en el lugar 29 de 32 entidades. Recordó que estas empresas concentran el 61.6 por ciento del personal ocupado en la Ciudad de México.
El Coordinador panista precisó que su propuesta contempla dos componentes: regresar la tasa general del Impuesto Sobre Nóminas al 3 por ciento a partir de 2027 y establecer una fuente alternativa de aportaciones para el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS).
Subrayó que Acción Nacional no propone desaparecer el FIMAS, extinguir el fideicomiso ni cancelar sus proyectos, sino modificar su mecanismo de financiamiento para hacer compatible la inversión pública con una menor carga fiscal para quienes generan empleos.
En ese sentido, señaló que tan solo en 2024 y 2025 la Ciudad de México registró ingresos superiores a los originalmente estimados, con diferencias positivas mayores a 40 mil millones de pesos en cada ejercicio, por lo que planteó analizar el aprovechamiento de los recursos excedentes legalmente disponibles para financiar infraestructura.
“Con voluntad política es posible bajar el impuesto y mantener la inversión”, sostuvo Atayde, quien afirmó que las decisiones tributarias deben evaluarse por sus resultados y no únicamente por los votos que las hicieron posibles.

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