Confirma TEPJF procedimiento para supervisar cumplimiento de paridad de género en postulación de candidaturas para elección de gubernaturas de 2027

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad, en la materia de impugnación, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) INE/CG664/2026, en el cual emitió el procedimiento para supervisar y verificar el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales locales 2026-2027.

El acuerdo dispone que los partidos políticos nacionales deberán postular al menos nueve mujeres en las diecisiete entidades que renovarán gubernatura. Además, antes de emitir sus convocatorias deberán informar cómo aplicarán sus criterios de competitividad y garantizar que ningún género sea postulado exclusivamente en entidades de baja competitividad. Cada partido político podrá elegir su metodología, pero deberá ser objetiva, verificable, suficiente y quedará sujeta a revisión y corrección por el INE.

El 3 de noviembre una asociación civil presentó un juicio de la ciudadanía para controvertir el referido Acuerdo, al considerar insuficientes las garantías de paridad sustantiva. La parte recurrente pretende que la Sala Superior modifique el acuerdo impugnado, para establecer parámetros objetivos y comparables de competitividad, aplicables a todos los partidos políticos nacionales, que permitan verificar que las mujeres cuenten con oportunidades reales de triunfo y evitar que sean relegadas a las entidades de menor competitividad mediante un cumplimiento meramente formal de la paridad. También planteó que debían implementarse parámetros como relevancia económica, exclusión histórica, mayor publicidad y una medida específica respecto de Nuevo León.

A propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la Sala Superior determinó confirmar el acuerdo impugnado, en lo que fue materia de controversia, al considerar que no es indispensable imponer una metodología nacional única. Señaló que el acuerdo ya establece que los partidos  deben cumplir con requisitos comunes de objetividad, verificabilidad, y una revisión integral de la distribución nacional, y la aplicación de los criterios de competitividad, aunado a mecanismos de corrección.

Además, señala que en su momento el INE, como parte del procedimiento, revisará dichos criterios y verificará su aplicación en las candidaturas. En ese sentido, lo relevante es que conforme a los lineamientos y al procedimiento,  el INE verificará que cada metodología presentada por los partidos políticos cumpla con el mandato sustantivo y motiven su suficiencia a partir de la distribución conjunta, sin aceptar como justificación exclusiva el número de candidatas o la invocación de la autoorganización partidista.

La sentencia de la Sala Superior precisa que esta conclusión no anticipa la validez de las metodologías ni de las postulaciones concretas, precisamente, porque conforme al procedimiento aprobado por el INE, el cumplimiento deberá examinarse en diversos momentos para garantizar la paridad sustantiva.

Asimismo, consideró ineficaces o inoperantes los planteamientos sobre relevancia económica, exclusión histórica, una metodología uniforme derivada de la reforma constitucional de 2024 y la medida afirmativa solicitada para Nuevo León, porque parten de la premisa desestimada de que sólo un método común permitiría verificar la paridad sustantiva.

En cuanto a la publicidad, el pleno señaló que el INE debe dar a conocer oportunamente las determinaciones de cumplimiento o incumplimiento y las razones que las sustentan, tanto en el primer momento de control como en la verificación posterior de las candidaturas.

Finalmente, se acumuló el SUP-JDC-560/2026 al SUP-JDC-554/2026 y se desechó de plano la segunda demanda, porque la misma asociación ya había agotado su derecho de acción al impugnar previamente el mismo acuerdo con idéntica pretensión y agravios. (SUP-JDC-554/2026 y acumulado).