A menos de un año del atentado a balazos de que fue víctima, la diputada Diana Sánchez Barrios ha sido amenazada nuevamente de muerte, por el mismo grupo que intentó asesinarla el año pasado.
La también dirigente de comerciantes informales fue enterada por gente cercana, que integrantes de un grupo criminal están planeando eliminarla, para completar el trabajo que quedó pendiente la primera vez.
El 17 de octubre de 2024, Diana —en ese tiempo suplente de su hermana Silvia en el Congreso de la CDMX— fue atacada a balazos en la calle Motolinia, donde un hombre le disparó a ella y dos de sus acompañantes; un primo murió en el lugar.
Tras el atentado, Diana fue llevada al Hospital General Balbuena, donde pudo sobreponerse de las heridas para después rendir protesta como diputada local por la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, aliada de Morena.
El día del atentado, su atacante huyó en moto con un cómplice que lo esperaba, y dos semanas después ambos fueron detenidos en el Estado de México. Entonces se confirmó que su agresor fue un familiar que había sido cercano.
La detención echó abajo las primeras declaraciones de Alejandra Barrios Richard, la histórica dirigente del comercio en la zona y mamá de Diana, que originalmente había culpado del ataque a integrantes de la Unión Tepito.
A pesar de que fue dada de alta, la diputada se ha sometido a varias operaciones y terapias, debido a los daños ocasionados por las balas. Su vida no es la misma, y ahora limita sus actividades legislativas y comerciales.
En la Fiscalía capitalina saben ya de las amenazas, pero al parecer no las han tomado muy en serio, a pesar de que les han dado datos de dónde vienen.
Si bien el riesgo puede provenir de nuevo de familiares, enojados por las detenciones de los autores del atentado, al parecer esta vez están buscando el apoyo de algunos grupos delincuenciales para ejecutar su plan.
Lo extraño es que, si la fiscal Bertha Alcalde no ha tomado el tema, pues considera más importante hablar del Cartel Inmobiliario, tampoco haya habido un pronunciamiento en Donceles para exigir seguridad hacia su colega.
Pero qué se puede esperar de unas autoridades que ni siquiera han podido solucionar el crimen de dos colaboradores muy cercanos a Clarita Brugada, cometido en mayo pasado a plena luz, con todo y que los gobiernos federal y local juraron que no habría impunidad en este hecho.
Muchos se la creyeron esta vez, pues la advertencia venía del Estado, que había sido desafiado en el corazón del país; es hora que no se sabe nada.
Ojalá que, ante las nuevas amenazas contra Diana, las autoridades atiendan el tema.
CENTAVITOS
Y hablando de otra Alcalde, Luisa María, ayer se unió a la estrategia oficial de ir en nado sincronizado para imponer una narrativa contra el escándalo provocado por la banda de morenistas que vacacionan por Europa y Asia, y que baje un poco el tema de La Barredora en Tabasco, que ha embarrado a su líder senatorial, Adán Augusto López. Incluso Luisa María reprobó el viaje de su compañero Andrés Manuel López Beltrán, aunque después le quiso componer argumentando que vacacionar no es delito ni corrupción, si se hace con dinero propio. Quizá olvidó que un empleado —tema que debería dominar, pues incluso fue secretaria del Trabajo—, tiene derecho a vacaciones después de un año; ninguno de los viajeros llega al año de trabajo. ¿Hay corrupción o delito? Seguro Mario Delgado le avisó a Claudia, ¿o no?
