>> La Comisión Nacional de Búsqueda se convertiría en un organismo constitucional autónomo, con presupuesto propio, personalidad jurídica y plena independencia para coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de localización de personas desaparecidas en todo el país, explicó la senadora Mely Romero Celis
>> Con autonomía, la Comisión Nacional de Búsqueda actuaría sin interferencias políticas, priorizando la localización con vida y la identificación digna de restos, brindando además acompañamiento a las familias y garantizando transparencia en todas sus acciones, señaló la legisladora del estado de Colima al posicionar la iniciativa de su grupo parlamentario
Desde el Senado de la República, la senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI, exigió que la Comisión Nacional de Búsqueda se convierta en un organismo constitucional autónomo.
El objetivo de la Reforma es claro: que cuente con independencia plena, presupuesto propio, decisiones técnicas y no políticas, y pueda garantizar con eficacia el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada, sin subordinación a intereses del gobierno en turno.
“Planteamos que la Comisión Nacional de Búsqueda sea un organismo autónomo de alcance nacional y sea rector de todas las acciones de búsqueda de personas en este país”, reclamó con firmeza.
La propuesta modifica los artículos 14 y 21 de la Constitución para que esta institución deje de estar bajo el control de la Secretaría de Gobernación y actúe con plena libertad, profesionalismo y transparencia.
Esta exigencia no nace en el vacío. Es urgente porque México está en medio de una crisis humanitaria de dimensiones devastadoras. La cifra oficial hasta junio de 2024 habla de más de 115 mil personas desaparecidas o no localizadas, pero la realidad va mucho más allá.
En días recientes, el horror volvió a salir a la luz en Teuchitlán, Jalisco, donde se descubrió un nuevo campo de exterminio. No es un caso aislado. En todo el país están apareciendo fosas clandestinas, crematorios improvisados y restos humanos abandonados mientras las autoridades de Morena se lavan las manos.
La indiferencia es institucional. Mientras el PRI propone soluciones concretas, Morena las rechaza el ejemplo más reciente ocurrió el martes pasado, cuando el oficialismo se opuso a la creación de una comisión especial para investigar estos casos. No les importa. Han dejado a las víctimas solas, a merced del crimen, del abandono y del silencio.
México no es solo una cuestión estadística, es un sufrimiento profundo que afecta a miles de familias que viven en la angustia, en la incertidumbre. “Este sufrimiento es una herida abierta de la sociedad mexicana”, advirtió la senadora al presentar en el pleno senatorial la iniciativa que suscribió todo el grupo parlamentario priista.
Por ello, el llamado es firme: retomemos el camino de la reflexión y de la búsqueda de soluciones, porque México lo reclama. El dolor de las víctimas no puede seguir siendo ignorado por cálculos políticos. El Estado debe estar a la altura de esta tragedia, y eso comienza por garantizar que el derecho a ser buscado sea un principio constitucional, y que exista una institución autónoma, imparcial y eficaz que lo haga valer. El PRI está cumpliendo con su deber; el resto del Congreso tiene hoy la oportunidad —y la responsabilidad histórica— de hacer lo mismo, puntualizó la legisladora priista Mely Romero Celis.
