“Tenía apenas 17 años”, “adolescente”, “un joven asesinó al alcalde de Uruapan” son palabras que se repiten en los titulares de las primeras planas de diversos diarios de circulación nacional y metropolitana publicados este viernes 7 de noviembre.
Tras el dolor y la indignación causados por el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quedó expuesto otro desafío social: el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes por parte del crimen organizado. Con estos acontecimientos se reaviva el debate sobre la necesidad de legislar para tipificar penalmente esta práctica criminal que lacera a nuestra juventud.
Luego de los hechos acontecidos en la tierra del aguacate, la asociación Tejiendo Redes Infancia, A. C., publicó una carta dirigida expresamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde solicita impulsar la tipificación penal del reclutamiento forzado, aunada a políticas de prevención, desvinculación y reinserción social.
En sentido estricto, esta petición no es nueva; de hecho, ya existen iniciativas de ley en el Congreso de la Unión durmiendo el sueño de los justos, dejando a la interpretación la inconveniencia de legislar por intereses oscuros.
Al caso del joven asesino del alcalde de Uruapan se suman otros tantos, como el de los jóvenes reclutados y desaparecidos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, de los cuales la autoridad aún no proporciona resultados contundentes que abonen a la confianza ciudadana en las instituciones de impartición de justicia. Otro caso simbólico es el del “niño sicario” detenido en Tabasco a principios de octubre, a quien se le imputan crímenes de alto impacto a sus escasos 15 años.
Sin embargo, el halo de criminalidad que envuelve a los jóvenes también implica delitos por otras causas, como el cometido por el estudiante del CCH Sur de la UNAM, Lex Ashton, relacionado con la salud mental del joven; o los manifestantes de la marcha del 2 de octubre para conmemorar la masacre estudiantil de 1968, quienes, al abrigo del bloque negro, causaron destrozos a su paso, dejando un saldo de 94 policías hospitalizados y 29 civiles heridos (El Financiero, 2 de octubre de 2025).
Sin duda, no habrá mayor fracaso para este o cualquier gobierno que dejar sin opciones de desarrollo a los jóvenes, sin garantía de sus derechos humanos y, ante todo, alejarlos de su felicidad.
Ante estas circunstancias, todos los gobiernos —federal, estatales y municipales— tienen ante sí una encrucijada fatal: diseñar políticas públicas y legislación eficientes, con resultados de corto y mediano plazo, y no solo recurrir al discurso de la atención a las causas. Mientras tanto, veremos cómo responden los gobernantes ante las manifestaciones venideras de la Generación Z.
Concilio
El discurso oficial de “atención a las causas” en el combate a la delincuencia mediante programas sociales y educación suena hueco cuando, en Xochimilco, por ejemplo, la autoridad de la alcaldía permite la apertura de una tienda Oxxo a no más de 200 metros de tres planteles escolares de nivel bachillerato -CETIS No. 39, CETIS No. 49 y Colegio de Bachilleres No. 13-. Se sabe, por información de FEMSA, propietaria de esta tienda de conveniencia, que su producto más vendido es la cerveza. Por lo visto, además de ser partidaria de la economía de libre mercado, la alcaldía también facilita el consumo de alcohol a los jóvenes estudiantes de estas tres escuelas otorgando el permiso de operación de este establecimiento.
