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La senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora, del Partido Revolucionario Institucional, encabezó el foro “La salud mental comienza con la vivienda” en el Senado de la República y afirmó que la garantía de un hogar digno constituye una condición básica para el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial.
Contó con la presencia de las senadoras Paloma Sánchez, Claudia Anaya Mota y Mely Romero Celis, así como de los senadores Ángel García Yáñez y Rolando Zapata Bello, quienes expresaron respaldo a la incorporación de la salud mental y la vivienda con apoyos en la agenda pública.
Señaló que miles de personas en México viven en instituciones psiquiátricas o residencias colectivas sin opciones reales de elección sobre dónde y con quién vivir. Indicó que esta práctica limita la autonomía, debilita la inclusión social y contradice lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por México desde 2008, en especial el artículo 19 sobre vida independiente.
En el encuentro, reconoció la labor de organizaciones como Disability Rights International, Orgullo Loco México y colectivos de acompañamiento a personas en situación de calle, responsables de documentar casos de sobreocupación, falta de atención especializada y vulneraciones a la dignidad en espacios de internamiento. Subrayó que estas realidades no pueden permanecer ocultas ni considerarse normales.
La legisladora afirmó que la salud mental no se limita a un diagnóstico clínico, sino que involucra condiciones materiales, redes de apoyo y entornos seguros. Destacó que muchas familias enfrentan en soledad cargas económicas, emocionales y de cuidados ante la ausencia de políticas públicas eficaces.
Finalmente, sostuvo que el Senado tiene la responsabilidad de escuchar a la sociedad civil y traducir estas demandas en reformas legales y políticas públicas con garantía de vivienda con apoyos, inclusión comunitaria y respeto pleno a la dignidad de las personas con discapacidad psicosocial. “No se trata de asistencia, se trata de derechos”, concluyó.
