Por: Nancy Cárdenas
En días recientes el gobierno capitalino realizó en la alcaldía Xochimilco, cuatro asambleas informativas para difundir su proyecto de construcción de un conjunto de edificios llamado Utopía, en el deportivo central.
En cada una de las reuniones vecinales predominó la inconformidad por dicha obra; los argumentos en contra se unificaron básicamente en: es una imposición del gobierno; los servicios que pretende brindar la Utopía duplica los que ya existen en el deportivo; causará daño ambiental; los terrenos fueron propiedad privada donados para el único fin del deporte.
Aunque hubo ánimos encendidos, los habitantes plantearon contrapropuestas: que se construya en otro sitio donde no haya afectación ambiental; reubicar el proyecto en zonas con mayor población de escasos recursos como, por ejemplo, la zona cerril del oriente de la demarcación.
Cabe aclarar, que esos cuatro eventos convocados por la autoridad no tienen sustento legal de acuerdo a la ley aplicable, ni en la Constitución Mexicana, tampoco en la Ley de Participación Ciudadana local, ni mucho menos en la Ley de Derechos de Pueblos y Barrios Originarios. Tan solo, los servidores públicos informaron, con unas cuantas diapositivas, la decisión de la jefa de gobierno de ejecutar dicha obra.
Es decir, lo ocurrido en esos encuentros participativos comunitarios (así los nombró la autoridad) fue meramente una acción administrativa, que obedece más a su obligación de informar a la población, que otra cosa.
¿El gobierno mantendrá oídos sordos o reculará en su decisión?
La jefa de gobierno quiere coronar su gestión con estas obras multimillonarias, de las cuales todavía no ha informado sobre el proceso de licitación; tampoco ha mostrado los estudios de mecánica de suelo o de impacto ambiental.
La encrucijada en la que se encuentra atrapada la autoridad no es nada sencilla de resolver, debido a que la Utopía es un modelo de asistencia social que Clara Brugada implementó en Iztapalapa cuando fue alcaldesa, y que ahora quiere exportar a todas las alcaldías.
Cualquiera que fuese su decisión la debe comunicar pronto, porque la eficiencia del gasto también implica que se ejerza en la temporalidad que se establece en el proyecto, de lo contrario incrementará su costo dañando la hacienda pública.
La jefa de gobierno tiene tres caminos: primero, obstinarse en su decisión de construir su Utopía en uno de los espacios públicos más valorados por los xochimilcas, asumiendo el costo político que ello conlleva; segundo, reubicar la obra y así evitar la confrontación con los ciudadanos; y tercero, activar alguno de los instrumentos de la democracia directa o de la democracia participativa que establece la ley.
¿Qué opina usted, querido lector, se le ocurre otra salida?
La Ley sí es la Ley
Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México.
Artículo 25. Deber de las autoridades para realizar consultas previas, libres e informadas
Las autoridades locales tienen la obligación de consultar a los pueblos, barrios y comunidades y, estos tienen el derecho a ser consultados por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles en sus derechos e intereses. Las consultas deberán ser de buena fe, de acuerdo con los estándares internacionales aplicables y con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado (…)
