Conforme se acerca la elección judicial, el ambiente político en torno a ese proceso sube de tono.
De inicio se prevé una manifestación de rechazo de un sector de la sociedad a una elección impuesta y controlada desde el poder.
Sus candidatos –en buena parte- no han estado exentos de cuestionamientos por sus antecedentes negativos.
Hay aspirantes que han sido relacionados con bandas del crimen organizado, con diversos vínculos.
Otro bloque de candidatos, cuenta con el antecedente de haber defendido a los barones de las drogas.
Además, en los últimos días opositores al régimen de la 4T, han iniciado una campaña en contra del proceso electoral judicial.
Lo que piden a los ciudadanos, es no acudir a las urnas para votar por candidatos impuestos y que ya se sabe que van a triunfar.
Y nada más alejado de la realidad, puesto que analistas y especialistas en materia electoral, apuestan a una participación de sólo 10% del padrón electoral.
Es decir, que, si hay cerca de 100 millones con posibilidades de votar, sólo acudiría un máximo de 10 millones.
Si se toma en cuenta esa proyección, el proceso judicial electoral, sería a todas luces un fracaso.
Toda vez que resultaría una elección con la más baja participación de la historia de las campañas parta votar candidatos en las urnas.
A ello, se le suma la muy escasa información sobre los detalles del proceso de votación y de quienes serán electos en las urnas.
¿Qué prometen? ¿Qué promesas están en posibilidades de cumplir? ¿No aplicar la ley cuando alguno de sus votantes le pida hacerlo?
Jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), serán sometidos al escrutinio de unos cuantos.
Lo inédito de este proceso, radica en que los electos triunfarán con votaciones pírricas.
Es por todo lo anterior, que distintos actores políticos presionan para que se suspenda la elección judicial, algo remoto que suceda.
Por eso la elección judicial, se convertirá en la prueba de fuego para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Estamos a días de las votaciones, donde la característica será el voto corporativo, es decir la capacidad de movilización.
¿Habrá o hay dádivas? ¿Despensas? ¿Compra del voto? ¿Carrusel? ¿Urnas embarazadas? Todo es posible en la era de la 4T.
PROSPECCIÓN… El caso sobre el supuesto abuso sexual en contra de dos niñas en el municipio de Zimapán, Hidalgo, hace poco más de 3 años, volvió a ser noticia, debido a las acusaciones de mala praxis médica y manipulación de pruebas. Hace unos días, se reveló en medios de la entidad gobernada por Julio Menchaca que el médico encargado de revisar, analizar y dar postura imparcial desde su ámbito, José Alberto Baños Vázquez, emitió un dictamen falso sobre presunto abuso sexual en contra de las dos menores. Por si fuera poco, se descubrió que esta persona labora en la División Científica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), de ahí que ahora se entienda porqué la denuncia penal 12-2023-17981 con fecha del 31 de octubre de 2023 se encuentre “extraviada”, y se hayan fincado acusaciones a todas luces falsas contra personas inocentes. Tal acto ilícito fue denunciado por el padre de las niñas, Mario Alfredo Espinoza Bernardini, quien siempre ha estado presente con su petición de que las niñas le sean entregadas. Hay muchas inconsistencias en el caso, como cuatro estudios médicos realizados por diferentes profesionales que descartaron lesiones ginecológicas o proctológicas en las niñas, pero que contradijo el dictamen de Baños Vázquez, quien afirmó que si hubo lesiones en las menores.
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