Sin Protocolo / ¿Extorsión disfrazada de denuncia?

La historia que a continuación se aborda, no tiene otro fondo que una disputa familiar llevada a tribunales.

En esta trama ya intervino la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, con la detención de Rosa María Rubio Zepeda.

Se trata de la esposa de Carlos Aguirre Gómez, dueño y ex director general de Grupo Radio Centro, acusada de ordenar el presunto secuestro y asesinato del empresario.

La versión a la que tuvo acceso esta columna, indica que la denuncia fue presentada tras la muerte, sin testigos presenciales y con interés económico directo.

Son cuatro hijos que acusan a la viuda de su padre de secuestrarlo. No lo hicieron en vida y, que según su propia versión, habría estado privado de su libertad. Lo hicieron después de su muerte; cuando estaba en juego su patrimonio.

En los hechos, lo que hoy presentan como una denuncia penal no es un acto de justicia: es un intento de despojo.

Durante años, Carlos de Jesús Aguirre Gómez vivió con su esposa en su propio hogar.

Pero la acusación que hoy impulsan los hijos de su primer matrimonio señala que durante casi una década habría estado privado de su libertad.

Esa versión es insostenible: nunca existió denuncia en vida; no intervino ninguna autoridad y tampoco se documentó urgencia alguna de las víctimas indirectas.

La denuncia se presentó el 21 de diciembre de 2020, ocho días después de la muerte del empresario.

Diversos hechos y testimonios indican una prolongada y tensa relación entre Carlos de Jesús Aguirre y sus hijos del primer matrimonio, marcada por desacuerdos personales y financieros.

Por ejemplo, durante años, el empresario apoyó económicamente a su hijo Juan Carlos Aguirre Corcuera, para emprender negocios en los que fracasó. También lo apoyó en pago de tarjetas de crédito y servicios cotidianos.

Ello permite dimensionar que la relación no solo estaba deteriorada, sino atravesada por dependencias económicas y conflictos no resueltos que anteceden por mucho a la denuncia penal.

Además, el expediente no se construye a partir de testigos independientes ni de investigaciones externas, si no en testimonios de quienes tienen interés económico directo en el resultado.

Juan Carlos Aguirre Corcuera, denunciante principal, es heredero directo. Sofía Aguirre Corcuera, testigo clave, también lo es, -y fue quien aplaudió en redes la detención de Rosa María Rubio Zepeda-. Alejandra Aguirre Corcuera completa el mismo bloque familiar, con el mismo incentivo patrimonial.

No se trata de actores aislados, sino de interés común: revertir las decisiones que su padre tomó en vida.

De hecho, la narrativa de los denunciantes presenta fisuras difíciles de sostener.  En su declaración ministerial, Sofía Aguirre Corcuera reconoció que, un día antes de la muerte de su padre, éste “se veía sano y bien de salud”.

Dicha afirmación contradice la imagen de una persona sometida, incapacitada o en condiciones extremas, y debilita la lógica interna de la acusación: es una contradicción central.

Frente a esta construcción, la trayectoria de Rosa María Rubio Zepeda ofrece un contraste claro. Su vida pública no está marcada por el ocultamiento, sino por la participación activa en causas sociales.

Como vicepresidenta de la Asociación Civil Gilberto, ha trabajado durante años en la reconstrucción de viviendas y en apoyo a comunidades afectadas por desastres naturales, con una labor sostenida y verificable en el tiempo.

Su perfil no corresponde al de una persona que opera en la clandestinidad, sino a una mujer con presencia pública, compromiso social y trayectoria consistente.

El contexto patrimonial es el fondo de la disputa familiar. Carlos Aguirre tomó decisiones en vida sobre su matrimonio, entorno y la distribución de sus bienes, lo que no fue aceptado por sus hijos entonces, y hoy intentan revertir por la vía penal.

Convertir una disputa por herencia en una acusación de secuestro no es un acto de justicia: es una estrategia que busca trasladar un conflicto familiar al terreno penal para forzar un resultado económico.

La Fiscalía tiene ante sí un expediente construido sobre testimonios de personas con interés directo en el desenlace. No existe un solo testigo imparcial en el núcleo de la acusación.

Lo que los denunciantes presentan como justicia es, en realidad, una disputa familiar no resuelta en vida trasladada a los tribunales, que busca reescribir decisiones tomadas.

Esto no es justicia. Esto un intento de extorsión hecha por el tráfico de influencias y corrompiendo al Poder Judicial.

PROSPECCIÓN… Con mayoría calificada de 377 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, que reforma los artículos 115 y 116, y adiciona un párrafo al artículo 134 de la Constitución en materia electoral.