El retorno de miles o millones de mexicanos que actualmente viven en Estados Unidos de manera irregular plantea para el gobierno federal un desafío mayúsculo.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la estrategia de repatriación denominada “México de abraza”.
Se trata de tres objetivos consistentes en articular acciones entre las instituciones federales y estatales para atender a los mexicanos deportados.
Adicionalmente, plantea vigilar el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales y bilaterales en materia de derechos humanos.
Sin embargo, el propósito mucho más complicado de cumplir es el relativo a garantizar la bienvenida y reintegración a sus comunidades de origen.
Lo anterior complicará su regreso debido a la importante reducción de las remesas, destinadas a los lugares de su procedencia.
De acuerdo a un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en Estados Unidos hay 11.3 millones de personas en condición irregular.
De ese total, el 37% son de origen mexicano, es decir que se trata de alrededor de 4.2 millones de personas.
La situación se torna por demás alarmante, toda vez que de ese tamaño podría ser el rango de mexicanos expulsados en el corto plazo por el gobierno de Donald Trump.
El reto mayor del actual gobierno, radica en que de acuerdo a la Constitución se les debe garantizar la satisfacción de una serie de derechos humanos y sociales.
Básicamente se trata de otorgarles salud, educación, vivienda adecuada, alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad, además de acceso al agua, por mencionar algunos.
Sin duda que el reto humanitario, ha resultado inesperado para el gobierno de Sheinbaum, puesto que tiene frente a sí atender a la población en situación de pobreza.
La presión social aumentará con la disminución de ingresos en las familias de escasos recursos que en las remesas tenían una válvula de escape.
De hecho, nuestro país es el segundo receptor de remesas en el mundo después de India.
Tan sólo para México, las remesas representaron en 2023, el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Pero no todo es tristeza y decepción, el gobierno aprovechará esa masiva deportación para incluir a los repatriados en sus programas sociales.
Ese es el gancho que los llevará al redil de la 4T, para pronto convertirse en una potencial clientela electoral.
Lo inmediato será su afiliación al IMSS, becas para niñas y niños, así como su incorporación a los adultos mayores para su pensión universal.
Y para cubrir los gastos de traslado, se les entregará una tarjeta denominada “Bienestar Paisano” con 2 mil pesos.
Así es como se recibe a los paisanos que vienen de regreso, expulsados por la administración Trump.
PROSPECCIÓN… Durante su mensaje con motivo del M8, desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, la diputada del PRD, Nora Arias Contreras, informó que denunció penalmente a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Barrera Fuentes y Mónica Soto. “Y que se oiga fuerte y claro, a la militancia en especial a las mujeres de mi Partido les digo: tres personeros no van a definir la vida del PRD Ciudad de México, porque su militancia y convicción es más fuerte. Tengan la seguridad que defenderemos lo que les corresponde y se han ganado en las urnas, porque cada una de nosotras lleva adentro el eco de todas las mujeres que nos abrieron camino. Y hoy nos toca abrir camino para las que vienen detrás. Por nosotras, por ellas, por todas, nunca más la política sin mujeres, nunca más política sin justicia, nunca más política sin igualdad. Nunca más magistrados violentadores. Ni una menos en la vida, ni una menos en la política”, pronunció. Y si intentan intimidarnos –advirtió- les respondemos: no les tenemos miedo
