El servicio público me ha dado la gran oportunidad de conocer muchos jóvenes con deseos de superarse y salir adelante estudiando, pero que enfrentan dificultades para conseguir este objetivo.
La educación media y media superior conlleva costos inherentes que por mínimos que sean representan un gran esfuerzo por cubrir para estudiantes y sus familias, además de los referentes a movilidad y alimentación.
El reto que representa pagar el proceso de titulación profesional sigue vigente en las presentesgeneraciones que después de mucha dedicación y sacrificio, logran llegar a la etapa final de su educación superior, por lo que preocupado por este tema, me di a la tarea de buscar un mecanismo que pudiera servir de apoyo y aliciente, en un momento crucial en el desarrollo personal de nuestros jóvenes.
Por ello presenté en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa para eliminar el pago de titulación para estudiantes de escuelas públicas y privadas, mediante la reforma a la Ley General de Educación Superior.
Las y los jóvenes son la base del crecimiento y desarrollo nacional, por ello, en el contexto de promover la equidad y la excelencia educativa, presenté dicha iniciativa con proyecto de decreto, que busca respaldar a nuestras juventudes.
Esta reforma tiene como objetivo principal exentar a las y los estudiantes de los
pagos relacionados con el proceso de titulación siempre que cumplan con buen
desempeño académico durante sus estudios.
El reporte denominado “Educación Superior en México”, publicado el 14 de diciembre de 2019 por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala que México tiene la proporción más baja de población en edad de trabajar (25-64 años) con un título de educaciónsuperior entre los países miembros, sólo 17.4%, muy por debajo del promedio de la Organización, que es de 36.9%.
En ese sentido, es claro que, al igual que en otros países, la obtención de un título
universitario aumenta las posibilidades de las personas para que obtengan un
empleo, puesto que esto acredita que cuenta con las competencias necesarias para desempeñarse dentro de un puesto de trabajo.
Sin embargo, una de las razones por las que los egresados de las instituciones de
educación superior no obtienen en el corto plazo su título profesional es por los altos costos de los trámites para poder obtenerlos; en el caso de las instituciones
públicas, los costos en promedio son de dos mil pesos, en tanto que en instituciones de educación superior privada, los costos pueden ascender por arriba de los quince mil pesos.
En síntesis, es claro que el proceso de titulación genera un impacto económico en
mayor o menor medida, en las personas egresadas de las instituciones de educación superior, ya sean públicas o privadas, pero es fundamental para que las y los egresados formalicen su incorporación al ámbito laboral o académico.
Los pagos por este trámite incluyen gastos administrativos, derechos de registro, entre otros, que en ocasiones resultan prohibitivos. Esto deriva en una problemática que afecta tanto a la posibilidad de emplearse como al desarrollo profesional de los jóvenes.
Con esta iniciativa refrendamos nuestro compromiso de garantizar el derecho a
una educación inclusiva y accesible, eliminando trabas económicas que puedan
frenar el progreso de estudiantes meritorios, traduciéndose en el futuro en mayores tasas de titulación, reducción de desigualdades y mejor desempeño académico por el aliciente de recibir un apoyo por la dedicación a la preparación.
La iniciativa, de ser aprobada, representará un cambio significativo en el acceso y
permanencia de los estudiantes en la educación superior, además de alinearse con los principios de equidad y calidad educativa, que destacan la importancia de respaldar a los jóvenes como agentes clave del desarrollo social y económico del
país.
Por el bien de nuestras y nuestros jóvenes profesionistas, esperamos una postura responsable y solidaria del grupo parlamentario mayoritario en la cámara.
