>> La iniciativa fue conocida por el Grupo Parlamentario del PRI menos de cinco horas antes del inicio de la sesión, lo que obstruyó su estudio y análisis.
>> La reforma atenta contra el principio de Certeza Electoral, pues no se publicará 90 días antes del inicio del proceso de elección de juzgadores
El Grupo Parlamentario del PRI votó en contra de la reforma al Código Electoral del Estado de México en materia de elección de personas juzgadoras, pues atenta contra principios democráticos y pone en riesgo el Estado de Derecho.
A nombre de las diputadas y los diputados del tricolor, Mercedes Colín explicó que la iniciativa no fue circulada con oportunidad entre los grupos parlamentarios de oposición, lo que mermó la capacidad del Legislativo para estudiarla y analizarla a fondo.
“Es lamentable que en cinco horas se pretenda analizar, discutir y aprobar una reforma de gran trascendencia y que determinará el rumbo de un Poder del Estado.
“Las y los diputados priistas no conocimos con suficiente anticipación el contenido de estas modificaciones electorales, lo que constituye un grave obstáculo para participar equitativa y significativamente en esta discusión. Las minorías no sólo fuimos ignoradas, sino francamente excluidas”, argumentó Colín.
Además, la iniciativa transgrede el principio de certeza electoral, pues no será aprobada ni publicada 90 días antes de que inicie el proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, lo que dificultará que los involucrados puedan conocerla e incluso impugnarla, pues dicho proceso arrancará a más tardar el próximo 31 de enero.
“La Constitución establece de forma muy clara que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse; en el caso concreto, las reformas al Código Electoral se estarían aprobando apenas 17 días antes del proceso electoral.”, agregó Colín.
El Grupo Parlamentario del PRI ha manifestado claramente su postura en contra de la Reforma Judicial, porque lejos de mejorar la justicia cotidiana, busca debilitar a un Poder para concentrar el control en otro, lo que pone en riesgo las instituciones y la independencia judicial.
