El Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado diversos mecanismos para la
erradicación de casos de discriminación y de Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género (VPMRG), principalmente en el marco del Proceso Electoral 2023-
2024.
Durante la conferencia de prensa La perspectiva de género como herramienta contra
la violencia política, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No
Discriminación, Rita Bell López Vences, explicó que el Instituto ha llevado a cabo
diversas acciones para atender este tipo de violencia, entre éstas, el Protocolo para la
Atención de la VPMRG, así como el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Asimismo, el mecanismo 8 de 8 contra la violencia, los lineamientos para que los
Partidos Políticos Nacionales modifiquen sus documentos básicos para la prevención
de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y el Programa Piloto
de atención de VPMRG con enfoque intercultural e interseccional.
Respecto a este último mecanismo, la Consejera López Vences detalló que al 28 de
mayo se ha brindado atención a 17 mujeres. De este total, 14 son candidatas, de las
cuales siete corresponden a violencia política en el marco del Proceso Electoral
Federal 2023-2024. López Vences añadió que a todas las usuarias del programa se
les brindaron los servicios psicológicos y jurídicos correspondientes.
Además, dio a conocer que mediante este programa se identificarán áreas de
oportunidad para mejorar la atención ante este tipo de violencia, ya que, indicó, para
las víctimas que son candidatas es complicado realizar la denuncia correspondiente,
debido a que se interrumpían sus actividades de campaña. Lo anterior, las dejaba en
desventaja en la contienda electoral, añadió.
Por otra parte, López Vences recordó que la implementación del mecanismo 8 de 8
contra la violencia, el cual considera ocho supuestos por los que, en caso de contarse
con sentencia firme, la persona no podría ser registrada como candidata para
cualquier cargo de elección popular, consistió en un proceso de verificación por dos
vías: la información proporcionada por la ciudadanía y por las autoridades e instancias
correspondientes.
Con relación a ello, mencionó que se requirió información a 52 autoridades
jurisdiccionales y administrativas en los 32 estados del país, de los cuales
respondieron al menos un requerimiento 47, lo que representa un porcentaje de
respuesta del 90.4 %.
Por ello, recalcó que aún no concluye el proceso de verificación, debido a que se está
recibiendo información adicional que se comparte con los consejos locales y distritales
para que se consideren en los análisis sobre la elegibilidad, al momento de calificar la
elección y previo a la entrega de constancias de mayoría.
La Consejera Electoral indicó que también se han aplicado acciones afirmativas a
favor de personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas, de la diversidad
sexual, migrantes y residentes en el extranjero, las cuales fueron postuladas a
candidaturas de manera paritaria.
Paridad en gubernaturas como principio rector
Por su parte, la Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación, Flor Dessiré León Hernández, aseguró que “la paridad en las
gubernaturas se ha consolidado como un principio rector de este proceso y todo esto
abona para avanzar de una democracia paritaria cuantitativa a una democracia
paritaria cualitativa. Ése es el gran llamado, que este proceso electoral, además se
caracterice porque sea libre de violencias para las mujeres”.
Finalmente, la Coordinadora del Programa Piloto de atención de VPMRG con enfoque
intercultural e interseccional, Elizabeth Benítez, puntualizó que éste no sólo contempla
la necesidad jurídica que tienen las candidatas, sino también la atención psicosocial.
Es decir, el servicio psicológico que se les proporciona a las usuarias para identificar
factores de riesgo y, a la par, dar acompañamiento desde un enfoque más humano
debido a la situación de violencia en la que se encuentran.
De igual forma, destacó que se cubrió el 100 % de las entidades federativas para que
las mujeres conozcan el programa piloto e identifiquen situaciones de violencia, con el
fin de poder canalizar los casos en el marco de las competencias, de manera urgente y
desde un enfoque de género e interseccional.

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