Durante la Glosa del Informe, la diputada federal Lorena Piñón Rivera cuestionó que el Gobierno de Morena pretenda medir el bienestar únicamente a partir del número de beneficiarios de los programas sociales y advirtió que las transferencias económicas no pueden sustituir derechos como la salud, la educación, la vivienda, el empleo digno y la infraestructura.
En nombre de la bancada del PRI, aseguró: “bienestar no es narrativa, es infraestructura. Bienestar no es propaganda, es dignidad”, sostuvo al fijar la posición de la oposición sobre la política social.
La legisladora señaló que los programas sociales constituyen derechos y deben mantenerse, pero rechazó cualquier intento de utilizarlos con fines partidistas o electorales.
En ese contexto, cuestionó el papel de Ariadna Montiel, quien estuvo al frente de la Secretaría de Bienestar y actualmente preside Morena, al considerar que esta circunstancia obliga a revisar con mayor rigor la frontera entre la política social del Estado y la estrategia electoral del partido en el poder. “Un derecho constitucional no debería depender de una fila, de una credencial partidista disfrazada de censo, ni de la sombra de un operador político”, afirmó.
Al referirse a los resultados de la administración, la diputada veracruzana lanzó una de las críticas centrales de su intervención: “este es, con todas sus letras, un gobierno pobre: pobre de resultados, pobre de ideales, pobre de capacidades”. Explicó que un depósito puede aliviar una necesidad inmediata, pero no resuelve por sí mismo las condiciones estructurales de pobreza.
En materia de salud cuestionó la afirmación oficial sobre el abasto de medicamentos y puso como contraste las denuncias sobre carencias que enfrentan trabajadores y pacientes. En particular, se refirió al caso de médicos en Veracruz y al señalamiento realizado por el coordinador del IMSS Bienestar en la entidad, Roberto Ramos, quien, de acuerdo con lo expuesto en tribuna, respondió a médicos que reclamaban insumos que, si no querían operar, no operaran, además de advertirles que su evaluación dependía de la institución.
Ante ello, exigió que se investiguen los hechos y exhortó a la gobernadora Rocío Nahle a dejar atrás la calificación de “desafortunado” y solicitar el cese del funcionario.
La diputada sostuvo que el caso de Veracruz revela la distancia entre el discurso oficial y las condiciones concretas en las que trabajan los servicios públicos.
Finalmente, la legisladora retomó el planteamiento del senador Alejandro Moreno para subrayar que la oposición no debe ceder frente a prácticas de intimidación desde el poder. Señaló que el PRI respaldó la incorporación de los programas sociales a la Constitución y que su defensa de estos derechos no implica concederle al Gobierno el monopolio de su significado político.
“Los apoyos no pueden convertirse en sustitutos de los derechos sociales”, afirmó, al advertir que, sin democracia, seguridad y honestidad, el discurso de bienestar corre el riesgo de convertirse en una simulación.
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