Por: Nancy Cárdenas
El pasado miércoles 30 de julio se llevó a cabo un megabloqueo en las principales vialidades de la Ciudad de México, organizado por comerciantes de mercados públicos aglutinados en el denominado Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos (MPCMP).
La protesta se dirigió en contra del abasto popular que realizan diputados federales, locales y concejales en plazas públicas y otros espacios no establecidos para el comercio en distintas alcaldías.
Según los locatarios, estos representantes populares ejercen una competencia desleal que perjudica la actividad comercial que ellos desempeñan de manera ordinaria para ganarse el sustento de sus familias.
Argumentan que la función de los diputados no es vender productos de abasto, sino legislar. Además, señalan que el dinero que utilizan no proviene de sus bolsillos, sino de recursos públicos, y que, en algunos casos, los insumos que comercializan son donaciones que reciben. Esto, afirman, constituye un doble lucro: económico y político.
La presión social logró que al menos cinco alcaldías —Cuajimalpa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Xochimilco— se comprometieran a “vigilar” el desarrollo de las jornadas de abasto organizadas por servidores públicos.
Más allá del diálogo entablado entre locatarios y autoridades, lo que realmente entra en debate a raíz de estos hechos es si es lícito o no que estos personajes públicos realicen dicha actividad.
Al respecto, el Código de Comercio define como comerciante a la persona con capacidad legal para ejercer el comercio de forma habitual (artículo 3). Sin embargo, también considera como comerciantes a quienes realizan actos de comercio de forma ocasional, con o sin establecimiento fijo, quedando igualmente sujetos a las leyes mercantiles (artículo 4).
Los locatarios, por su parte, “ponen los puntos sobre las íes” al denunciar que dichas jornadas de abasto popular constituyen actos anticipados de campaña.
Dado que estas acusaciones se hicieron públicas y que, además, varios alcaldes y funcionarios tomaron nota del asunto, cabría esperar consecuencias jurídicas, políticas o, al menos, administrativas. Tal vez —en un mundo ideal— el INE o el IECM abrieran una investigación para determinar si se configura o no un delito electoral.
Así, se abre un flanco inesperado en las filas de Morena, partido que concentra el mayor número de diputados locales, federales y concejales en la capital del país.
Si alguien piensa que los comerciantes de los mercados públicos se apaciguarán fácilmente, se equivoca. Porque ellos, como gremio, también juegan políticamente. Y, según han declarado en diversas entrevistas a medios, los diputados son malagradecidos con el respaldo que han recibido de los mercados cuando les solicitan el voto.
¿Qué opina usted, amable lector? Escríbame en los comentarios.
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