El costo de la impunidad para una nación

El costo de la impunidad para una nación

8 de febrero de 2022 8 Por María Manuela de la Rosa Aguilar

Cuando el estado de derecho se rompe, la sociedad queda a la deriva y este fenómeno no sólo es privativo de México, sino de muchos países en el mundo, aunque nuestro país sobresale dada su importancia económica y geoestratégica, principalmente; ya que no sólo es vecino del país más poderoso del mundo y el mayor consumidor de productos, sino que tiene riquezas que parecen inagotables, así que es un objetivo codiciado no sólo para las potencias, sino para muchas transnacionales. Y, sin embargo, la impunidad es una sombra que cubre todo el territorio.

Cada año se registran más de 30,000 asesinatos violentos y algunos estados se consideran incluso más violentos que Siria y Afganistán, como son Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Veracruz.

La pequeña diferencia es que Afganistán está tomado por extremistas islámicos. México es un país independiente, democrático y soberano.

Pero la impunidad no sólo está ahí donde nunca se llega a enjuiciar a los homicidas, sino en los funcionarios corruptos, como los del poder judicial que dejan libres a delincuentes ostensiblemente culpables, dejando todavía más vulnerables a las víctimas, sobre todo si se han atrevido a denunciar; o los servidores públicos que no administran bien los recursos gubernamentales, que lucran y cometen peculado, pero que pasada su gestión, pasan inadvertidos y les suceden otros más con los mismos vicios; los políticos que expiden leyes para beneficiar a unos cuantos a cambio de sobornos, etc.

El problema es que no sólo los funcionarios y políticos deberían servir con lealtad a su país, sino los mismos ciudadanos, que por sus obras de facto no deberían ni siquiera llamarse ciudadanos. Vemos como personas toman casetas, se apropian de vehículos, extorsionan a las personas; los pobladores de los pueblos aledaños a las vías de comunicación,  que descarrilan los trenes, extraen las mercancías o cierran las carreteras y asaltan sin pudor al transporte público.

Los flagrantes ladrones de los transportes de pasajeros, no sólo en las poblaciones, sino en las carreteras, que descaradamente manifiestan a las víctimas que les hacen un favor por sólo despojarlos sin herirlos o asesinarlos. Los padres que explotan y hasta venden a sus hijos; los comerciantes que piden adelantos con la promesa de entregar la mercancía y nunca lo hacen, ya sea por trabajos artesanales o cualquier otra mercancía.

El hecho es que es un robo, no importa la cantidad. El robo hormiga sumado llega a miles de millones. Y tal barbarie no corresponde a lo que debería ser un país civilizado.

Sólo en el 2020 la toma de casetas dejó pérdidas por 4,121 millones de pesos; el asalto a trenes equivale al 5% del PIB, esto es, alrededor de 14,347 millones de dólares; anualmente se registran más de 2,500 actos vandálicos en las vías férreas; al año se registran 1´300,000 asaltos en el transporte público; hay cada año hay más de 18,000 robos de diversas variantes, anualmente se registran más de 1,400 secuestros. Las pérdidas son incalculables.

Estos datos corresponden a delitos denunciados, por lo que se deduce que la violencia y la impunidad en México tienen costos incalculables. Todos los días más de un millón de personas son víctimas de algún delito. Muchas lo son diariamente por la violencia intrafamiliar que se incrementó un 24% durante la pandemia, relacionada muchas veces con problemas de adicción.

No deberíamos preguntarnos quién protege a los delincuentes, sino por qué hay tal nivel de impunidad y la respuesta tal vez está en las inmensas ganancias que esto genera, porque hablamos de miles de millones que fluyen con rumbo desconocido.

Podemos enumerar incontables modalidades de robo, extorsión, violencia que nunca son combatidos o lo son de manera casi subrepticia, como si las autoridades se ruborizaran por ello, como si el cumplir con su obligación fuera un agravio a los maleantes, porque ellos si gozan de los derechos humanos, a ellos si se les protege. Y los que sí pueden ser severamente castigados por el mínimo descuido son los policías y los militares.

Es ya un procedimiento obligatorio, imperante y de máxima prioridad el que representantes de derechos humanos estén presentes en todo acto de la autoridad para que los detenidos por cualquier delito sean tratados con el máximo respeto y cuidado. No así cuando vemos ya como algo normal cómo aparecen personas decapitadas en la vía pública; cómo en redes se difunden imágenes de cómo se golpea, atropella y agreden a inocentes; cuando se roba, se extorsiona, cómo los más vulnerables quedan a expensas de los delincuentes donde la ley del más fuerte prevalece.

La Guardia Nacional, la policía e incluso el Ejército están atados de manos, ya que tiene prioridad el “respeto” de los agresores. Los policías y soldados no pueden siquiera mostrar sus armas porque se ve como una agresión, pero los cárteles si pueden desfilar incluso con armas de guerra, pueden incendiar pueblos enteros, establecer el sistema de leva con los jóvenes y los migrantes.

Se dan el lujo de retar a la autoridad, sin que pase nada. Y los ciudadanos, indefensos. Pero no sólo ellos, también las familias de los policías y soldados, ahora cohesionados en un mismo objetivo, con todas las limitantes para emplear la fuerza. No obstante, han mostrando su habilidad, adiestramiento e inteligencia, pero es innegable que exponen su integridad.

Recién y afortunadamente se permitió que la GN actuara para evitar que los supuestos normalistas encapuchados de Ayotzinapa tomaran las casetas de la autopista del Sol, en donde cometieron un acto de barbarie, atacado con cohetones y tomando un tráiler para enviarlo como proyectil contra elementos de la GN y de un puesto de comida. Afortunadamente nadie salió herido, pero este hecho, como muchos más, habla de la inconciencia, la brutalidad y la falta de escrúpulos de estas personas.

Nadie sabe si en realidad se trata de estudiantes porque obviamente no muestran credencial alguna y tampoco dan la cara, actúan impunemente amparados en el anonimato. Si son realmente estudiantes, la pregunta es ¿Qué clase de profesores tendrán los niños? pues asaltar, extorsionar y atacar a la autoridad no es prueba de la ejemplaridad de conducta que debería distinguir a los docentes. ¿Qué clase se maestros serían, qué valores enseñarían, pero, además, sin estudiar, qué conocimientos transmitirían?

Y, sin embargo, es claro que las autoridades encargadas de mantener el orden, en este caso la GN, tienen la capacidad y la preparación para realizar su trabajo. El problema es que los dejen actuar, porque cuando esto sucede la sociedad lo aplaude.

Lo único que falta es terminar con la impunidad, que es un cáncer que está carcomiendo a un gran país.

La sociedad requiere de una fuerza pública que imponga el orden, que haga valer la ley, para que haya paz. La impunidad ha sido alimentada por la omisión, porque sabedores de que no habrá consecuencia, los delincuentes atacan cobardemente. Si hubiera la certeza de cero tolerancia al delito, éste no tendría cabida.

¿No es el más fuerte el Estado? ¿Dónde está la fuerza del Estado? Cuando en realidad es el único legitimado para el uso la fuerza a fin de restablecer el orden. El Derecho tiene la potestad, porque precisamente para eso se establece una nación, para que la sociedad tenga orden y concierto para que pueda desarrollarse en paz.

El restablecer el estado de derecho es vital para acabar con la impunidad, pero, sobre todo, para que México se libere de tantos males que no le permiten desarrollarse en paz. De poco sirve a la soberanía el tener unas fuerzas armadas leales y profesionales si la seguridad interior se ha quebrantado y la autoridad está impedida para actuar.

María Manuela de la Rosa Aguilar
María Manuela de la Rosa Aguilar

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