Husmea Morena en propiedades privadas

¿Alguien aceptaría que gente como Batres, Rodrigo Chávez o los Panchos Villa decidieran el futuro de sus viviendas?

Cuando Clarita Brugada prometió a principio de semana que en su sexenio entregará al menos 200 mil viviendas —nuevas o restauradas— a familias capitalinas, más de uno levantó la ceja ante la interrogante de cómo le va a hacer para construirlas.

Porque si bien tiene lana y la asesoría de vivienderos, que nacieron en el PRD y se perfeccionaron en Morena, no hay en la capital terreno suficiente para edificar tal cantidad de casas o departamentos, como pretende la gobernante.

A menos que ahora empiece a tener sentido por qué cuando Martí Batres quedó al frente de la ciudad, envió una iniciativa al Congreso mediante la cual pretendía modificar el uso de suelo a zonas de conservación, catalogadas como reserva ecológica.

Pero antes de eso, en tiempos de pospandemia, la 4T puso en la mesa la posibilidad de que los dueños de inmuebles en renta no pudieran desalojar a sus inquilinos, aunque fallaran con la renta. De intentarlo, primero tendrían que ayudarles a conseguir un nuevo hogar, y costearles la mudanza, de la deuda ni soñar con que alguien la fuera a saldar.

Y si el inquilino estaba muy a gusto con la vivienda, podría hacer una oferta y el dueño estaría obligado a venderle, a precio fijado por la autoridad, o sea, castigadito. Pero, además, a tomar como parte del pago las rentas saldadas.

Las ideas generaron un gran revuelo, y como estaban muy cerca las elecciones, Morena y aliados frenaron la intentona, similar a la que aplican países como Venezuela, donde el gobierno tiene derecho a expropiar las viviendas que se le antojen.

Aunque dicen haberse olvidado de esas cosas, la 4T busca que los propietarios de inmuebles de más de 4.5 millones de pesos se confiesen con el gobierno, reportando cada año si la vivienda es ocupada por el dueño, familiares o amigos, y cuántas personas viven ahí.

Por mucho que Brugada jure que no hay intención de que las propiedades sean intervenidas, viene a la mente un intento guinda más, que exploró la posibilidad de que las casas amplias, habitadas por pocas personas, fueran asignadas a familias más grandes, aunque no fueran dueñas.

O sea que, sin importar si alguien pasa toda su vida trabajando y ahorrando para comprar una casa o un departamento, a fin de poder vivir tranquilo en su vejez, o rentarla para mantenerse, su esfuerzo acabará en manos de quienes jamás se esforzaron para tener un techo.

Lo peor de estas acciones es que podrían caer en manos de vivienderos, que se han hecho ricos haciendo negocios en el Invi y otros organismos de vivienda. ¿Alguien aceptaría que gente como Batres, Rodrigo Chávez o los Panchos Villa decidieran el futuro de sus viviendas?

Por mucho que la 4T jure que no tiene malas intenciones, los ciudadanos no les creen ni tantito.

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CENTAVITOS

Como si la Ciudad de México fuera un oasis de movilidad y eficiencia en el transporte público, el gobierno capitalino mantiene desde hace un mes acéfala la Dirección General de la Red de Transporte Público, y no se ve para cuándo llegue alguien. A lo mejor Clarita cree que los usuarios del transporte oficial brincan de contentos con el servicio de RTP, que incluso tiene que entrar al quite cuando se descompone el Metro, lo cual ocurre un día sí y otro también. Al parecer, a la gobernante no le corre ninguna prisa por cubrir esa vacante, total, ni ella ni sus funcionarios tienen que batallar para moverse por la ciudad, pues para eso hay autos con chofer a su disposición en el gobierno, ¿que no? ¡Faltaba más!