Injustificado el incremento de impuestos ambientales en EdoMex y San Luis Potosí

Los gobiernos estatales del Estado de México y de San Luis Potosí enviaron
propuestas de decretos a sus respectivos congresos para aumentar drásticamente
los impuestos en materia ambiental, lo que nos preocupa como Coparmex, pues los
ingresos generados por estos gravámenes no están adecuadamente asignados a
acciones de mitigación, y no se garantiza que su uso cumpla con criterios de
transparencia y rendición de cuentas.
Consideramos que así como están planteados no es posible identificar un beneficio
ambiental o social, lo que sugiere que su propósito puede ser exclusivamente
recaudatorio.
Además, no se han demostrado los supuestos beneficios de la aplicación de estos
impuestos en ambas entidades. Aunque las iniciativas mencionan supuestas
ventajas y su impacto en la población más desprotegida, los impuestos propuestos
no están específicamente asignados en las Leyes de Ingresos o Hacienda. Como
resultado, no se puede asegurar que hayan sido o serán destinados para promover
un medio ambiente saludable o el bienestar público, lo que desvirtúa su supuesto
propósito original.
Es un hecho que estos impuestos contradicen la legislación federal,
específicamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Esta ley establece que los instrumentos económicos de carácter fiscal deben
incentivar el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental y no deben
establecerse con fines exclusivamente recaudatorios, según su artículo 22, segundo
párrafo.
En COPARMEX, respaldamos el Modelo de Desarrollo Inclusivo, que aboga por un
crecimiento económico en armonía con la justicia social y la preservación del medio
ambiente. Aunque nuestras empresas socias ya implementan acciones a favor de
la economía circular y la reducción de emisiones, estos nuevos impuestos
desincentivan la inversión nacional y extranjera, afectando la atracción del país y
desaprovechando las oportunidades del fenómeno de relocalización de empresas,
conocido como Nearshoring.
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Es esencial señalar que la propuesta carece de fuentes técnicas que respalden el
cálculo de los montos propuestos, generando dudas sobre su proporcionalidad. Los
nuevos impuestos ambientales deben ir acompañados, al menos, de incentivos
fiscales y administrativos que reduzcan el pago en función de las acciones pasadas
o presentes para incorporar tecnologías avanzadas que minimicen las emisiones
contaminantes.
En el caso del Estado de México, se observa un aumento desproporcionado,
elevando el impuesto actual a las emisiones a la atmósfera de 43 a 100 pesos por
tonelada de dióxido de carbono equivalente (ton CO2e), representando un
incremento del 132%.
En cuanto a San Luis Potosí, la propuesta de gravar el 100% de las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) contradice las políticas nacionales e internacionales, y va
en contra de la estrategia de reducción de emisiones presentada por México ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto
convertiría al estado en la segunda entidad del país con el gravamen más alto de
un solo golpe.
Desde COPARMEX, hacemos un respetuoso llamado a los Ejecutivos y a los
Congresos de ambas entidades para priorizar el diálogo y generar mesas de trabajo
con el sector empresarial. Es imperativo que medidas de alto impacto social,
ambiental y económico como estas se basen en el consenso y la racionalidad.
Se requieren acciones integrales, no solo impuestos, para establecer una verdadera
política pública en materia ambiental.
Las cargas fiscales, sin incentivos y acciones complementarias, perjudicarán
principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, y en última instancia,
a los ciudadanos.

Redacción