Nuestro país experimenta un cambio demográfico radical: la población de 60 años y más superará a la de niños menores de 12 años en el año 2050. Sin embargo, en la Ciudad de México esto ya es una realidad desde 2019.
Los análisis sobre el tema demuestran que este fenómeno poblacional se está dando de manera acelerada, pues bastaron apenas cuatro décadas para llegar a este punto. Por ello, las políticas públicas tienen que corresponder a las necesidades de una población envejecida y aplicarse con sentido de urgencia, dadas las circunstancias, en comparación con las sociedades europeas, cuya transición hacia el envejecimiento se presentó a lo largo de más de dos siglos.
Recientemente, el Gobierno de México emitió un decreto que establece y reduce gradualmente la edad de jubilación hasta llegar a los 53 años para las mujeres y 55 años para los hombres a partir de 2034, aunque solo para los trabajadores al servicio del Estado que cumplen con lo establecido en el artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE (DOF, 24 de junio de 2025).
Si cruzamos las cifras oficiales, que nos indican que la esperanza de vida actualmente es de 79.2 años para las mujeres y de 72.7 años para los hombres, con lo establecido en la reforma promovida por la presidenta Sheinbaum, entonces tenemos que quienes ya se jubilaron o están por hacerlo este año —a los 56 años las mujeres y a los 58 años los hombres— tendrían la posibilidad de continuar su vida sin actividad laboral durante un promedio de 23.2 años en el caso de las mujeres y de 14.7 años en el de los hombres. En el caso de la Ciudad de México, estos promedios son poco más de dos años superiores a los nacionales para ambos sexos.
Pero estaría por verse qué porcentaje de los trabajadores del ISSSTE en edad legal para jubilarse, de acuerdo con la nueva tabla, tomará la decisión de concluir su vida laboral, con todo lo que ello implica. La experiencia dicta que una buena cantidad de trabajadores retrasa esta decisión por diversos factores, los cuales agrupo en dos: 1) los económicos, que se centran principalmente en el bajo monto de las pensiones; y 2) la asociación biológica con la edad, a partir de la cual el trabajador puede interpretar la jubilación como la llegada al ocaso de su vida y como una etapa vinculada con la enfermedad.
En conclusión, la responsabilidad de tener un plan de retiro no debería recaer únicamente en el trabajador. El Estado debería tener un papel rector en la preparación de la población para esta etapa de la vida, así como incorporar una perspectiva demográfica transversal en toda la Administración Pública.

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