Para lograr la paz se requiere mejorar las prisiones, elevar los salarios de los policías, mayor coordinación entre la Federación y los gobiernos locales, garantizar transparencia y un Acuerdo de Coordinación Estratégica con Estados Unidos y Canadá, coincidieron los ponentes del primer foro regional “Diálogos por la Seguridad”, organizado por la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, y por Álvaro Aldrerete, presidente de este instituto político en Baja California.
Los exgobernadores Miguel Alonso Reyes, Rubén Moreira Valdez y Rolando Zapata Bello, así como el especialista Alberto Capella Ibarra, se dieron cita en Tijuana, en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRTT), donde compartieron sus experiencias para enfrentar al crimen organizado y escucharon las preocupaciones y propuestas de los asistentes.
En su intervención, Miguel Alonso Reyes recordó que durante su gestión se lograron cambios inmediatos con el acompañamiento de la sociedad civil.
Para atender la inseguridad, planteó destinar más presupuesto y equipamiento a las policías municipales, impulsar una reforma integral y modernizar los centros penitenciarios, además de tipificar nuevas formas de delito, como el reclutamiento forzado de infantes, y establecer mecanismos para atacar las redes financieras del crimen organizado.
En su exposición, el diputado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, advirtió que México enfrenta un problema de seguridad que no puede resolverse únicamente con discursos o campañas. Sostuvo que recuperar la paz exige atender integralmente las causas, fortalecer a las policías, mejorar el sistema penitenciario y establecer una verdadera coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales.
Señaló que la percepción de inseguridad continúa siendo elevada en distintas ciudades del país y destacó que, en algunos casos, nueve de cada 10 habitantes se sienten inseguros. Moreira Valdez sostuvo que los gobiernos estatales tienen un papel fundamental en la construcción de condiciones de seguridad, mientras los municipios enfrentan limitaciones para atender por sí solos un problema de esta magnitud; por ello, llamó a modernizar las instituciones de seguridad, invertir en infraestructura penitenciaria y mejorar las condiciones laborales de los policías municipales, cuyo promedio salarial ronda los 8 mil pesos mensuales.
Por su parte, Rolando Zapata Bello expuso la estrategia integral de seguridad que implementó durante su gestión, denominada “Escudo Yucatán”, que incluía prevención social, actualización jurídica y vanguardia tecnológica, operativa y humana para la seguridad pública y la procuración de justicia. Resaltó el apoyo brindado a los policías para reconocer su labor y mejorar sus ingresos laborales.
Mencionó que la paz se construye todos los días y requiere una coordinación real de los tres niveles de gobierno basada en la confianza mutua. Afirmó que las policías locales deben estar en el centro del debate para encontrar soluciones y que la prevención y el fortalecimiento del tejido social deben tener el mismo peso que la operación policial para alcanzar una sociedad en paz.
En el cierre del foro, el especialista Alberto Capella señaló que el problema de la seguridad es la centralización de las instituciones y el abandono y desmantelamiento de las policías locales. Afirmó que el problema no se resolverá hasta que los municipios empiecen a recaudar la parte que les corresponde para contar con recursos.
Subrayó que las etapas para perder la confianza de las fuerzas de seguridad son la corrupción, la cooptación y la captura de las instituciones, mencionó que en Baja California el problema no es la violencia, sino la pérdida de gobernabilidad. Agregó que a esto se suma que en el país están desapareciendo los equilibrios democráticos y que enfrenta una presión de Estados Unidos de carácter económico y de desprestigio.
En su momento, los asistentes pidieron fortalecer el sistema de justicia para que haya menos impunidad y atención oportuna a las denuncias que se realizan. Además de atender el problema de la extorsión y trata de personas.
En el evento estuvieron presentes Álvaro Aldrete y Linda Muñoz, presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California; el diputado federal Samuel Palma; Jorge Meade, en representación del Presidente Alejandro Moreno; José Luis Garza, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Nuevo León, y Luis Fernando Ruiz Santana, secretario general del STIRTT.

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