Ley de Economía Digital ignora desigualdades estructurales y pone en riesgo la privacidad, advierte PRI

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI rechazaron el dictamen de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos porque, aunque la modernización tecnológica es necesaria, en México aún existen profundas desigualdades estructurales y una alarmante falta de reglas claras.

Señalaron que avanzar hacia la digitalización sin cerrar la brecha digital, sin proteger a los pequeños negocios ni garantizar la ciberseguridad y la privacidad de los ciudadanos, significa excluir a millones de mexicanos y generar nuevas formas de desigualdad.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Emilio Suárez Licona aseguró que México requiere transitar por los cambios y transformaciones que permitan reducir la brecha de la economía digital, pero advirtió que hacerlo sin atender las desigualdades existentes puede terminar ampliando la brecha que se busca reducir. “Confundir la disponibilidad tecnológica con el acceso efectivo es un error”, agregó.

Expuso los pendientes del dictamen, entre los que destacan garantizar conectividad y acceso efectivo; acompañar la transición de las MiPyMEs; combatir la informalidad; fortalecer la protección frente a fraudes y ciberdelitos; cuidar los datos personales y financieros; y establecer con claridad las responsabilidades de cada autoridad.

El legislador priista señaló que modernizar la economía es necesario, pero debe hacerse con infraestructura, seguridad, inclusión y reglas claras. “Y no voy a omitir mencionar que con este dictamen se perfila una concentración de información financiera y personal en manos del gobierno, sumándose a otras reformas impulsadas desde el oficialismo con las cuales se vigila, se censura y se controla”, puntualizó.

Por su parte, el legislador Emilio Lara Calderón dijo que en México millones de personas siguen utilizando el efectivo todos los días y subrayó que cualquier transición hacia una economía digital tiene que partir de esa realidad. Puso como ejemplo a Campeche, estado que representa, y a las comunidades donde campesinos, familias y sectores vulnerables todavía dependen del efectivo para realizar sus actividades cotidianas.

Por eso, cuestionó que puedan establecerse sectores donde únicamente se permitan pagos digitales y pidió garantizar alternativas para quienes no cuentan con las mismas condiciones de acceso a la tecnología. También exigió protección y privacidad para los datos personales y biométricos vinculados a las operaciones financieras. “Tenemos que fomentar la inclusión financiera y los servicios digitales, pero tenemos que hacerlo pensando en los sectores más vulnerables”.

En tanto, el diputado Christian Castro Bello apuntó que una transición digital de esta magnitud debe partir de las desigualdades que todavía existen en el acceso a internet, servicios bancarios e infraestructura.

Puso como ejemplo que alrededor de 32 millones de personas no tienen acceso a internet y más de la mitad de la población no cuenta con una computadora. Además, señaló que más de 20 millones de adultos mayores carecen de cuenta bancaria —requisito indispensable para realizar pagos digitales—, a lo que se suma que en México 300 mil personas todavía viven sin luz en sus hogares y 6.4 millones no tienen drenaje.

Advirtió que el dictamen no establece mecanismos suficientes para garantizar una implementación accesible e incluyente, y cuestionó los riesgos que, a su juicio, existen para la protección de los datos personales y financieros con la creación de expedientes digitales.

“Modernización sí, pero con inclusión, protección de datos y condiciones que permitan que todas y todos puedan participar de la economía digital”, enfatizó.

Previamente, al presentar una moción suspensiva que no prosperó, la diputada Verónica Martínez García pidió abrir un parlamento abierto para escuchar a especialistas, sectores productivos y a la ciudadanía, con el fin de realizar, dijo, “un análisis técnico, inclusivo y responsable”.