23 de agosto de 2026

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Ley de Extorsión es ambigua y tiene fallas que deben arreglarse, hay riesgo de beneficiar a criminales: PRI

Redacción 28 de octubre de 2025 3 min de lectura

>> El legislador Alejandro Domínguez advirtió que el dictamen presenta fallas de armonización con otras normas federales, que pondrían en libertad a extorsionadores sentenciados, en al menos cinco estados

>> Luis Gerardo Sánchez indicó que en 2019 aumentó la extorsión, en comparación al sexenio anterior un 30%. Afecta a alcaldes, tesoreros, policías municipales y servidores públicos

>> Arturo Yáñez afirmó que es una ley que en la práctica llega tarde, sin recursos y con muchas dudas e inconsistencias jurídicas

Las y los diputados federales del PRI advirtieron que la aprobación de la Ley General en Materia de Extorsión tiene imprecisiones, errores y fallas, que pueden generar graves consecuencias en materia de seguridad y justicia, al no contemplar tiempo para un análisis profundo ni la coordinación necesaria con las entidades federativas, que son las primeras respondientes en las investigaciones de este tipo de delitos.

A nombre de la bancada del PRI, Alejandro Domínguez Domínguez, Luis Gerardo Sánchez Sánchez y Arturo Yáñez Cuéllar, subrayaron que al dictamen le falta armonización con otras normas federales, lo que podría dar beneficios indebidos a extorsionadores sentenciados.

Desde la Tribuna, Alejandro Domínguez señaló que por las prisas, se omitió revisar a fondo las legislaciones locales. “Al menos cinco estados -Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo- tienen penalidades más altas que las que propone esta nueva ley. Esto provocará que alrededor de 500 delincuentes de alto impacto puedan salir en libertad en todo el país”, alertó.

El legislador por Chihuahua explicó que el delito de extorsión ha crecido de manera alarmante en México y por ello una ley deficiente puede agravar el problema en lugar de resolverlo. Indicó que la propuesta no plantea mecanismos de medición ni evaluación claros sobre la efectividad de la norma, ni precisa estrategias de prevención, plazos, ni responsabilidades concretas.

Alejandro Domínguez manifestó preocupación porque se designa a las unidades antisecuestro como responsables de investigar los casos de extorsión, sin que la ley correspondiente les otorgue esa facultad.

En su intervención, Luis Gerardo Sánchez aseguró que la extorsión es un delito que ha dejado de ser un problema local para convertirse en el símbolo del fracaso de la política de seguridad, de abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador.

Argumentó que los propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad lo confirman, porque desde en 2019 aumentó en más de un 30 por ciento, en relación con el sexenio anterior, con un pico más alto en 2022. Precisó que de cinco mil carpetas de investigación se pasó a 11 mil, solamente de la gente que denuncia extorsión.

Detalló que solo de enero a septiembre, de este año, se abrieron más de mil 300 carpetas por extorsión en el Estado de México, más de mil en la Ciudad de México y casi 800 en Guanajuato, más de seis mil víctimas directas y miles que no denunciaron.

“Hoy la extorsión en nuestro país afecta a comerciantes, transportistas, a muchos empresarios, pero también afecta a alcaldes, tesoreros, policías municipales y servidores públicos que ante la ausencia del Estado han tenido que huir o pagar para poder gobernar”, enfatizó, para luego señalar que con esto pierde la democracia, la comunidad y la Nación.

Por su parte, Arturo Yáñez afirmó que es una ley que en la práctica llega tarde, sin recursos y con muchas dudas e inconsistencias jurídicas. “Demuestra que no es una victoria, es una confesión del fracaso del sexenio de López Obrador porque ahora busca endurecer sanciones”, anotó.

Acusó que Morena legisla al vapor sin presupuesto, sin un diagnóstico y sin una estrategia de prevención. “La extorsión se combate con un verdadero Estado de derecho, con policías que sirvan y jueces que no se vendan”, concluyó.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaron a favor en lo general porque está primero la protección de las familias mexicanas, pero también presentaran reservas que si son rechazadas darán su voto en contra en lo particular.

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